En medio del fuerte ajuste y recorte en la economía nacional con el objetivo del déficit cero, el Gobierno de Javier Milei eliminó otros tres fondos fiduciarios destinados a financiar programas de viviendas sociales y de la agricultura familiar.
Se trata del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf), cuyas actividades quedaron relegadas a partir del Decreto 6/2025, publicado en el Boletín Oficial. Lo anunció días después de cerrar la Administración General de Puertos.
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Si bien en campaña el entonces candidato Javier Milei prometió que el ajuste lo pagaría "la casta", más de un año después de iniciada la gestión quedó claro por "casta" estaba hablando de los trabajadores, los jubilados y los sectores más postergados de la sociedad.
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El Gobierno disolvió tres fondos fiduciarios: la justificación
Como de costumbre, el Gobierno atribuyó este nuevo ajuste a supuestas irregularidades detectadas en su funcionamiento. De esta manera, con este recorte el número de fondos que dejaron de existir asciende a más de siete desde que Milei llegó a la Casa Rosada. Según un informe de auditoria elevado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), los tres fondos presentaban diversas anomalías.
En el caso del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, creado bajo la Ley 27.078 —cuyo fin era desarrollar tecnologías de información y comunicación estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes—, se detectó que varios programas asociados carecían de instrumentos que justificaran su continuidad y no cumplían con los objetivos estipulados. De esta manera el Gobierno sigue garantizando el acceso al Servicio Universal, aunque no hace nada para que ese derecho se cumpla.
El Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, generado por la Ley 27.341 para financiar programas de vivienda social e infraestructura básica con fondos públicos, privados y de organismos internacionales, multilaterales o trilaterales, se encontraron obras finalizadas que no contaban con las correspondientes rendiciones de cuentas, y, por otro lado, proyectos rescindidos sin devolución de fondos.
Por último, el Prodaf, cuya misión era facilitar el acceso al crédito para los beneficiarios, fue considerado prescindible al haber cumplido sus metas iniciales.
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El Gobierno disolvió un fondo fiduciario que era para asistir a víctimas de trata
En el marco de su política de ajuste para "achicar el Estado", el Gobierno disolvió cinco fondos, entre ellos el destinado a la Asistencia Directa a Víctimas de Trata. La medida se enmarca en el desamparo que el Gobierno está llevando a cabo sobre las mujeres.
El cierre del fondo se hizo efectivo mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1048/2024, que establece el cierre de los siguientes fondos: Para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), Para la Refinanciación Hipotecaria, Programa de Inversiones Estratégicas, Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata – Ley 26.364 y el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
Para justificar el dejar a la deriva a las víctimas de trata, en su gran mayoría mujeres, el gobierno libertario se basó en un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que advierte sobre "la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva del referido Fondo, entre otros".
