Desde hoy, entró en vigencia un cambio en el Gobierno que impactará en unos 500 trámites, agilizando el proceso para los ciudadanos.
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Con la nueva normativa, conocida como “silencio administrativo positivo”, el Ejecutivo establece que si la administración no responde a una solicitud en un plazo de 60 días, el trámite será aprobado de manera automática, siempre que el ciudadano cumpla con los requisitos necesarios.
Esta medida, impulsada por el Ministerio de Desregulación, Federico Sturzenneger, y apoyada por el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy, se aplicará en todos los organismos centralizados y se extenderá a los descentralizados a partir del 1 de diciembre.
"Silencio positivo": El nuevo sistema del Estado que ya está en marcha
En los sectores críticos como salud, medio ambiente y servicios públicos, esta modalidad no será implementada, para asegurar un control exhaustivo en áreas de alto impacto social y ambiental.
El principio de “silencio positivo” se activará solo en procedimientos específicos y reglados, como el registro de actores de doblaje o la autorización para usar la Marca País.
En palabras de un funcionario involucrado, el objetivo de esta medida es que “el ciudadano tenga un panorama claro de los tiempos y etapas de su trámite” y se busca promover la transparencia y accesibilidad al agilizar los procesos y reducir la burocracia.
Inspirada en modelos de países como Francia y Chile, esta modalidad se adapta a la realidad argentina para garantizar una administración pública eficiente y comprometida con los tiempos de respuesta. La norma incluye una etapa de monitoreo que permitirá evaluar los resultados y considerar su expansión a otros trámites en el futuro.
Para que la aprobación sea válida bajo este esquema, una vez vencidos los 60 días, el ciudadano deberá solicitar un certificado de silencio administrativo, que se emitirá en un plazo de 15 días adicionales tras verificar que la solicitud cumple con todos los requisitos. Esta formalidad busca evitar posibles abusos o errores en la aplicación del nuevo sistema.
ONU: El Gobierno reemplazó al embajador argentino
En el marco de la reestructuración del Servicio Exterior de la Nación, el Gobierno de Javier Milei designó a Francisco Tropepi como el nuevo representante permanente de Argentina ante las Naciones Unidas en reemplazo de Ricardo Lagorio.
El nombramiento como "embajador extraordinario y plenipotenciario del país ante el organismo" se dio a través del Decreto 957/2024 publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente argentino, Javier Milei, y la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Diana Mondino.
Tropepi fue el encargado de Negocios de Argentina en la Embajada en Israel, se desempeñaba en la representación en Estados Unidos a cargo de Gerardo Werthein.
Asamblea General de las Naciones Unidas: Javier Milei expresó su rechazo a la Agenda 2030 y cargó contra el FMI: "Esa agenda obedece a intereses privilegiados"
Javier Milei se presentó en la Asamblea General de las Naciones Unidas y no escatimó en críticas a la organización internacional y a la agenda global contemporánea.
En un discurso, Milei dejó claro que su visión política se distancia de la tradición diplomática, identificándose como un “economista, liberal libertario” que se adentra en el ámbito político con un enfoque audaz y directo.
Desde el inicio, Milei cuestionó la eficacia de la ONU, afirmando que perdió la credibilidad necesaria para cumplir con su misión original. “Quiero alertar a las naciones del mundo sobre el peligro que corre esta organización”, advirtió, sugiriendo que la ONU se desvió de su propósito y adoptó políticas colectivistas perjudiciales.
El discurso de Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas
En un tono desafiante, el mandatario afirmó que Argentina no respaldará la Agenda 2030, a la que catalogó de “socialista”. Criticó la idea de que dicha agenda ofrece soluciones para la pobreza y la desigualdad "con una legislación que solo la profundiza".
Para Milei, este tipo de políticas no solo comprometen la soberanía de las naciones, sino que también "atentan con la soberanía, el derecho a la vida y libertad de las personas".
Milei también se dirigió a las decisiones tomadas por la ONU durante la pandemia de COVID-19, condenando las medidas de cuarentena que, según él, llevaron a la violación de las libertades fundamentales. “Deberían ser consideradas un delito de lesa humanidad”, afirmó, dejando clara su postura sobre el papel de la organización en la crisis global.
El mandatario no dejó de lado su apoyo a Israel, señalando cómo la ONU falló al votarse en contra del único país en Medio Oriente que defiende principios democráticos. “Se ha demostrado una incapacidad para luchar contra el terrorismo”, enfatizó, en un claro alineamiento con la nación hebrea.
En un análisis de la situación económica, Milei criticó la relación entre la ONU y el Fondo Monetario Internacional (FMI), señalando que esta promovió políticas que perpetúan la deuda en los países menos favorecidos. “El tutelaje del FMI exhibe políticas ridículas que dañan a las naciones pobres”, argumentó.
Al abordar la guerra entre Rusia y Ucrania, Milei describió a la ONU como una organización “impotente” ante conflictos locales, mientras que dedica tiempo a imponer regulaciones sobre los países en desarrollo. “La ONU ha perdido credibilidad ante la ciudadanía”, sentenció, cerrando su discurso con un fuerte mensaje de cambio.
