La expresidenta de facto boliviana Jeanine Áñez fue detenida en la mañana del sábado por el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019. La Justicia de Bolivia ordenó la detención de Áñez por "terrorismo, sedición y conspiración".
La exmandataria fue aprehendida en su domicilio en la localidad de Trinidad y trasladada a La Paz donde un fiscal pidió su arresto junto a cinco de sus exfuncionarios y militares de la cúpula que facilitaron el golpe.
Unas horas después de haber sido detenida, Áñez comunicó lo que estaba ocurriendo: "Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolvianos", publicó.
La exjefa de Estado de facto se autoproclamó presidenta de Bolivia el 12 de noviembre luego de la falsa denuncia por fraude electoral contra Evo Morales con la colaboración de la Organización de los Estados Americanos (OEA), hecho que desencadenó en violentas represiones contra la población y que acabó con la vida de 36 personas y con el exilio de Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera.
El exmandatario víctima del golpe de Estado aseguró en relación a la detención de Áñez: "Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia", declaró.
La orden de la fiscalía partió de una denuncia presentada en diciembre pasado por Lidia Patty, exlegisladora del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda), de Morales. En la misma, sostuvo que el líder civil de la región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, Áñez, varios exministros, exmilitares, expolicías y civiles, habían promovido el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.
Además de Áñez, fueron detenidos sus exfuncionarios Álvaro Coímbra (Justicia), Rodrigo Guzmán (Energía), Carlos Eduardo del Castillo (Interior) y varios policías.
