Roberto García Moritán, mejor conocido por ser el marido de Pampita, ha sido protagonista de varios papelones. Desde decir a los gritos en la legislatura porteña que está felizmente casado con su mujer, hasta cuando lo echaron de una marcha en el Obelisco. En las últimas horas estuvo en La Nación+ y quedó expuesto al sufrir una "laguna mental" mientras estaba hablando sobre un tema.
El legislador de Republicanos Unidos, espacio que lidera Ricardo López Murphy y que está plegado a Juntos por el Cambio, estaba criticando al país. "Nadie quiere invertir en la Argentina y mucho menos en lugares donde no tenés ningún tipo de seguridad jurídica, y la ventaja realmente de los barrios de las economías informales es la informalidad justamente", comenzó a desarrollar su opinión García Moritán.
Y siguió: "Si vas a invertir en blanco, a generar trabajos en blanco, a mejorar infraestructuras... me parece que hay una consciencia de generar... este...". En ese momento, el marido de Pampita comenzó a balbucear y a tratar de encontrar las palabras en su cabeza para seguir hablando, mientras estaba bajo la atenta mirada de Alfredo Leuco, Débora Plager y Marina Calabró.
¿Cómo hizo para salir del mal trago el funcionario? Tomó el camino más fácil: criticó al kirchnerismo. "El Frente de Todos viene demostrando...", lanzó para evitar el problema y desviar la atención.
El marido de Pampita propone que se le cobre por la salud y la educación en la Ciudad a personas de otras provincias
El legislador del PRO y marido de la modelo Pampita, Roberto García Moritán, y la legisladora Marina Kienast presentaron un proyecto de ley, en la Legislatura porteña, para que la Ciudad de Buenos Aires le cobre a cada provincia por sus habitantes que se atienden en hospitales y los alumnos que estudian en establecimientos públicos porteños.
Ambos legisladores plantearon en ese proyecto que, si se cobrara por los servicios a las provincias cuyos habitantes se atienden o estudian en el sector público de la ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño podría ahorrarse en un año $13.906 millones del sector sanitario y $2.563 millones de educación.
“Lo importante es que el proyecto busca mejorar la gestión de los gobiernos, sin afectar a la persona que se atiende en un hospital o que manda sus hijos a la escuela. Para ellos seguirá siendo gratis la salud y la educación, pero sin que lo paguen los porteños”, explicó García Moritán a Clarín.
La propuesta de los legisladores porteños de Republicanos Unidos llega en medio del conflicto judicial entre la ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional.
Al respecto, Rircardo López Murphy criticó que "los ciudadanos de CABA no deben recibir el costo de los servicios prestados a personas de otras jurisdicciones. Esto no va a generar ningún costo para quienes utilicen los servicios". "Estamos planteando una transferencia entre provincias, para que se disminuya la carga fenomenal que se está poniendo sobre la Ciudad", se excusó.
El proyecto que presentaron en la Legislatura porteña García Moritán y Kienast, de Republicanos Unidos -en Juntos por el Cambio-, se titula Reciprocidad Sanitaria y Educativa Interjurisdiccional.
Qué dice el proyecto
La legisladora Kienast aseguró que “los servicios públicos no son gratuitos, los financia el Estado a través de los impuestos que cobra. Por eso nos parece injusto que los contribuyentes de la ciudad de Buenos Aires sostengan ese servicio para que sea utilizado por ciudadanos de otras jurisdicciones”.
El proyecto sostiene que en el año 2015 -al no haber datos actualizados- los habitantes de la provincia de Buenos Aires representaron el 40% de las consultas médicas externas en centros públicos porteños.
Los legisladores porteños explicaron en el proyecto que lo mismo sucede en materia de internaciones, donde los habitantes de la provincia que gobierna Axel Kicillof representaron el 45% del total.
Para 2016, "esto implicaba un total de 71.187 egresos satisfactorios. Considerando que actualmente un día de internación cuesta $15.979 y el promedio es de 11 días, el costo total monetario de brindar el servicio de internaciones para residentes de otro distrito es de $11.406 millones anuales".
Los legisladores de Republicanos Unidos plantearon que, en el año 2020, el 7% de los alumnos de escuelas públicas en los niveles inicial, primario y secundario residían "en la Provincia que rodea a la Ciudad. La mayor notoriedad en la disparidad se da en las Comunas 11 y 13, donde más del 17% del alumnado es no residente".
Kienast y García Moritán contabilizaron el gasto por alumno en la ciudad de Buenos Aires. Y concluyeron que brindar el servicio de educación pública a los 20.627 alumnos de la provincia de Buenos Aires le cuesta al gobierno porteño "unos $2.805 millones anuales aproximadamente".
"En síntesis, la Ciudad está en pleno derecho de pedirle compensación económica por la inversión educativa realizada a otras provincias por alumnos no residentes", añadieron en el proyecto de ley los legisladores que se referencian con López Murphy.
