El gobierno comenzó a transitar la pospandemia al impulsar políticas que cree necesarias, aun con las advertencias pertinentes para mantener estable el sistema sanitario. La media sanción de la reforma judicial y el ingreso a la Cámara de Diputados del impuesto a la riqueza son señales de que el coronavirus sigue siendo parte fundamental de la agenda del oficialismo, pero ahora comparte lugar con las medidas que postergó en los meses anteriores.
Tal como se expresó hace una semana, la cámara baja expone su importancia para el sueño reformista de Alberto Fernández. Al no contar con mayorías propias ni para la aprobación ni para el quórum, las negociaciones que puedan entablar el presidente, Wado de Pedro, ministro del Interior, Sergio Massa, presidente del cuerpo, y Máximo Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos, toman singular relevancia.
Estas dos medidas caminan por separado. Mientras la reforma del fuero federal fue rechazada de forma tajante por la oposición, aun cuando siquiera conocían la letra del proyecto, el impuesto extraordinario (o aporte solidario) a las grandes fortunas del país cuenta con un respaldo social tal que Juntos por el Cambio deberá ser mucho más creativo a la hora de oponerse, situación similar a la del congelamiento de tarifas hasta fin de año de las telecomunicaciones, que fueron declaradas mediante DNU como servicio esencial.
De este modo, las estrategias del oficialismo son también dispares. Mientras espera tener mayor facilidad para sancionar el aporte solidario, que presentaron en tándem Máximo y el diputado nacional Carlos Heller, hay dos escenarios que son seguidos de cerca por su relevancia para dar lugar a la reforma judicial. Dando por descontado el rechazo de Juntos por el Cambio, el foco está puesto en el interbloque federal, cuya dependencia política pasa por algunos gobernadores y el ex candidato presidencial Roberto Lavagna, los legisladores socialistas y la izquierda. Esos diputados serán los que torcerán la ley y decidirán finalmente si se promulga o no.
Si bien el senado ya dio muestras de negociación federal, ya que impulsó más de 1000 cargos nuevos en la letra de la ley durante la discusión en el senado, donde posee mayorías automáticas, Massa y compañía prometen más cambios en negociación con los mandatarios provinciales. "Les quiere dar garantías para poder persuadir a los diputados que les responden", dicen en la interna del Frente de Todos.
Hay una curiosidad a tener en cuenta: el presidente de la cámara baja ya dijo que demorará unos meses la discusión de la reforma. Se tratará, se cree, casi a la par del presupuesto 2021. ¿Por qué es tan importante analizar esto? Porque ahí se va a determinar qué porcentaje de los fondos del Ejecutivo se repartirán a cada provincia. Y quizás en ese flanco de negociación haya una puerta para sugerir un voto positivo en la reforma judicial. "Ningún diputado quiere quedar mal ante el electorado de la provincia que representa", asegura un asesor de la cámara.
Un actor relevante por su impredecible acción ante cada situación que no conlleve unanimidad de todo el arco político es el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Es el único mandatario peronista que no hizo campaña para la fórmula Fernández-Fernández el año pasado, acción que le valió la pelea con su mano derecha, Carlos Caserio. Ni siquiera la ausencia de candidatos de Unidad Ciudadana en las elecciones de la provincia, jugada política de Cristina Kirchner que favoreció a Schiaretti ante las listas de Cambiemos, provocó un acercamiento del mandatario ante el temor por el rechazo de su electorado al kirchnerismo.
En esta coyuntura, se acercan las primeras elecciones del año: las de la intendencia de Río IV, donde el candidato de Schiaretti, Juan Manuel Llamosas tendría el apoyo del Frente de Todos por el momento. Los comicios, aun sin fecha definida, se supone que tendrán lugar casi a la par de la discusión de la reforma. Ese apoyo puede ser clave para que el mandatario cordobés no pierda uno de sus bastiones a manos de Juntos por el Cambio. Y puede valer, también, algún guiño para los diputados que le responden a Schiaretti.
Mientras tanto, el arco opositor político-mediático se encargó constantemente de fogonear tensiones en la coalición oficialista. El comunicado de Cristina, en el que hizo alusión a que esta "no es una verdadera reforma judicial", los cambios en el proyecto, los reproches "por no defender la ley a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y la crítica a la finalmente quitada "cláusula (Oscar) Parrilli" (por la que el senador había planteado que los jueces debían denunciar presiones mediáticas y al quitarla dijo que la oposición mordió el "anzuelo") ocuparon la agenda pública.
Sin embargo, hay una interna mucho más cercana para la oposición que está a fuego vivo y que intentan disimular: la del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el ex presidente, Mauricio Macri. En la pelea entre las denominadas "ala dura" y "ala dialoguista" de Juntos por el Cambio, los dirigentes saben que más temprano que tarde van a tener que competir. Ambos tienen en la mira el sillón que ocupa Alberto Fernández y no están dispuestos a ir por otro cargo en 2023. Las acusaciones de "escandalosos" y "tibios" que se tiran de un lado y de otro parece evidenciar lo que hacen esfuerzos por tapar.
Hay dos dirigentes secundarios pero fundamentales en esta cuestión, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el senador Martín Lousteau. Ambos con aspiraciones de cargo ejecutivo en un hipotético futuro mandato de la coalición. Mientras una dice que no le gusta "la política light" y endurece su discurso cada vez más, se filtró una reunión entre el presidente y Lousteau. Hay diálogo entre oposición y oficialismo más allá de las discusiones de Twitter.
Si bien hay diferencias, como las que expuso el anuncio solitario de la extensión de la cuarentena de Alberto Fernández, que reconoce que "más allá del diálogo en algún momento vamos a competir", y la negativa por el inicio de clases presenciales en CABA, más bien parece que en la Argentina que se viene los que no quieran abandonar el extremismo quedarán aislados. En eso trabajan los dirigentes con responsabilidades de la pospandemia, por más que le pese a quienes desean la grieta.