Por más que la interna del Frente de Todos tape el bosque o las tensiones con el FMI, la oposición y los jueces por el Presupuesto se lleven la mayor atención, un país serio no saldría de su asombro con las revelaciones sobre las relaciones políticas de Revolución Federal con el macrismo.
El fiscal Gerardo Pollicita pidió el jueves pasado la detención de los integrantes de ese sello, Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, la hija del Coco, el ex DT de la Selección Argentina. El juez de la causa, que no es la causa que investiga el atentado sino la que pesquisa los vínculos de este grupo de jóvenes con el PRO, es Marcelo Martínez de Giorgi e hizo lugar para que se procediera a las detenciones y además dispuso allanamientos sobre dos oficinas de Caputo Hermanos, la firma que pertenece a Luis Toto Caputo, quien fuera el capo de las finanzas durante el gobierno de Cambiemos. La razón es que hay, por lo menos, 8 millones de pesos transferidos desde las cuentas de Caputo Hermanos a la de estos muchachos.
Casi desde el comienzo de la investigación del atentado mismo, se sabe que Caputo los contrató para que hicieran muebles, aunque ellos “aprendieron” carpintería por Youtube. La sociedad se enteró de la especie a partir de un extenso reportaje a Morel en Revista Anfibia, comentado hasta en las misas de las parroquias del conurbano. La parsimonia judicial es un blindaje al macrismo.
Martínez de Giorgi le había enviado esta información a María Eugenia Capuchetti, para que se unificaran las causas, la del atentado en sí con la de los vínculos de estos jóvenes con los opositores. La magistrada desestimó ese pedido. La defensa de la Vicepresidenta apeló. Y quien cubrió la retaguardia macrista fue Mariano Llorens, un alfil amarillo en el Poder Judicial. Llorens juega para el equipo Liverpool en la Quinta Los Abrojos, junto al juez Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani. Llorens se reunió con Macri en Olivos y la Casa Rosada al menos dos veces mientras Macri gobernó la Nación. Llorens sobreseyó a Macri en la causa de espionaje contra los familiares del ARA San Juan.
Volviendo a Capuchetti, durmió la bocha y el tiempo pasó. El jueves pasado se allanaron las oficinas de Caputo Hermanos y es difícil que fueran a encontrar algo. Hubo demasaido changüí para que borraran cualquier vestigio de cualquier tongo.
Para colmo, Página 12 entrevistó al abogado de Morel, que quizá se fue de boca sin querer. El letrado se llama Nilo Medina y dijo que Morel tercerizó el encargo de Caputo porque no tenía capacidad para hacerlo. O sea, los 8 palos eran para amoblar un hotel en Neuquén, Caputo Hermanos busca por internet una carpintería que les haga el trabajo y contratan justo a una banda neonazi que lo único que sabe hacer con madera son antorchas y guillotinas performáticas.
El movimiento judicial de estos días está motivado sin dudas por la acción de la propia ex Presidenta. Porque hace siete días, presentó un escrito ante el juzgado de Martínez de Giorgi a través de sus abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal. El texto tiene siete carillas y allí puede leerse:
"Es probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones y preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de atentado en mi contra". "Es también alarmante la probable financiación de este grupo violento, que quería acabar con mi vida, por parte de personas pertenecientes a la oposición al gobierno del que formo parte", dice en otro pasaje.
También trascendió que el autor del intento de homicidio contra Cristina Kirchner, Fernando Sabag Montiel, se deshizo de los defensores oficiales que le habían asignado, pretendió defenderse él mismo, la jueza Capuchetti le denegó eso y él mismo, por carta también, pidió que Hernán Carrol resolviera quién debía representarlo como letrado. ¿Quién es Carrol? Un patovica que brinda servicios de seguridad en actos de Javier Milei y que tiene numerosas fotos con Patricia Bullrich y otros exponentes de lo que los politólogos llaman neocon (por neoconservadores) y La García denomina neofascistas aunque a las almas bellas les resulte desproporcionado.
Alto guiso: pesado, denso, espeso. Y casi nadie quiere hablar de esto. Agota, agobia, abruma.
Es como si todo fuera claro e inabordable a la vez por el rechazo social a mirarse al espejo de sus horrores. A veces, no hay lengua para hablar el dolor y la injusticia.
No se dice lo suficiente o lo que se dice sobre el lawfare, el odio y el atentado contra la Vicepresidenta no cuaja. Le importa a una porción relativamente chica de la Argentina. Y hasta se ha convertido en un issue que no garpa, según los consultores que cranean campañas políticas. O sea, los Don Drapper de la vida advierten que hacer campaña con el lawfare o el atentado tal vez no sea precisamente un mensaje triunfal.
Se asiste a una época donde el estatuto de la verdad fue demolido. El poder del algoritmo es la confusión generalizada que redunda en dispersión de la fuerza popular.
Cualquiera puede hacer o decir cualquier burrada. Y es su verdad relativa. El relativismo habilita interpretaciones aberrantes. Y el progresismo padece ataduras inhibitorias para sancionarlas.
La información, bajo este clima de asfixia y renuncia, es un commodity. O sea, un dato sin valor agregado. Una materia prima que brota como la idiotez. Cualquiera accede a la información. El periodismo, en ese contexto, está de más. O se reduce a operar. En el peor de los sentidos. Nadie escapa a eso si lo único que ofrece es una planilla de Excel.
Es más, nuestro amigo Pancho Muñoz tenía una idea muy linda acerca de la información: la información es el enemigo, decía él.
Bienvenidos al posperiodismo. La frustración de los que todavía batallan por defender la verdad, destituida y reemplazada por el imperio de un sentido común donde la opinión y el pensamiento también se convirtieron en una mercancía ondemand.
La única victoria posible, por ahora, es -como diría Juan Gelman- esta nota al pie de la derrota.
