La Justicia de Brasil aceptó la cautelar presentada por Procuraduría General de la Unión (AGU, según sus siglas en portugués) para embargar los bienes de 52 personas y siete empresas que fueron identificadas como financistas del ataque contra los Tres Poderes del Estado perpetrado el domingo pasado.
Según el comunicado, se trata de quienes pagaron los micros que transportaron a los, aproximadamente, cinco mil bolsonaristas; y quienes hicieron sus aportes para sostener el campamento instalado frente al cuartel del Ejército en donde pedían la intervención militar.
En tanto, el Ministerio de Justicia informó que esperarán hasta el lunes para solicitar el pedido de extradición del exfuncionario bolsonarista y exsecretario de Seguridad Pública, Anderson Torres.
Los bienes están tasados en 6,5 millones de reales (un millón de dólares) por los actos golpistas y terroristas y serán utilizados para la reparación los daños causados en el patrimonio cultural y edilicio de las instalaciones públicas invadidas y destruidas. El bloqueo fue solicitado sobre inmuebles, vehículos y valores financieros en cuentas, según detalló en un comunicado la AGU.
Dado que el costo de los daños generados todavía no fue calculado, el monto bloqueado es sólo preliminar y puede llegar a ampliarse. “Por el momento, el monto considera sólo estimaciones del Senado Federal de daños a su edificio de R$ 3,5 millones y de la Cámara Federal, cuya evaluación preliminar es de daños a R$ 3,03 millones en el edificio de la Cámara. Todavía no hay estimaciones de los daños causados a los Palacios del Planalto y el Supremo Tribunal Federal”, dice la nota.
Los hechos, estimó la Procuraduría, “impusieron una amenaza real al régimen sistema democrático brasileño” e impone “una respuesta rápida y eficaz, so pena de comprometer el sistema de justicia y su eficacia, autorizando así al magistrado a recurrir a su poder general de cautela” para garantizar la eficacia de cualquier condena de reparación en el futuro.
Hace dos días, el portal G1 y TVGlobo, de la cadena O’Globo, llevó a cabo una investigación en la que también dio a conocer que la mayoría de los financiadores se encuentran en los estados de Paraná, Mato Gorro do Sul y San Pablo.
Denunciaron al juez de Mar del Plata que apoyó el intento de golpe en Brasil
Denunciaron al juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, ante el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño” y otros delitos como mostrarse a favor del intento de golpe de Estado en Brasil.
Además, el mismo funcionario firmó un fallo para prohibir la vacunación contra el Covid-19 en bebés y menores de edad, y otro para suspender la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en los hospitales nacionales de todo el país.
La denuncia fue por “manifestaciones contrarias al sistema democrático” por parte del juez federal y solicita evaluar su desempeño como funcionario público para “remover de su cargo al denunciado”.
La presentación cita las expresiones antidemocráticas que López publicó el pasado 8 de enero en sus redes sociales, el día del intento de golpe en Brasil. Allí catalogó el accionar bolsonarista como un “levantamiento popular” y aseguró que el presidente Lula da Silva es un “comunista y ladrón”.
También se agrega que “el mismo magistrado publicó el 26 de marzo pasado la imagen de un Ford Falcon verde con el hashtag #ArgentinaDesdeLaConcepcion, y que dicho vehículo representa cabalmente los crímenes masivos cometidos por los grupos de tareas que actuaron durante la última dictadura”.
“La manifestación realizada por el denunciado deja en claro, una vez más, su falta de ética y compromiso democrático, su menosprecio a los poderes legalmente constituidos, a la Constitución Nacional, los pactos de Derechos Humanos y a las instituciones políticas de nuestro país hermano del Brasil”, agrega el comunicado.
