El inicio de septiembre pone en claro que está en curso un “Plan Freezer Dulce”. Se compone de una serie de congelamientos de precios, por acuerdo o imposición, además de transferencias directas e indirectas a las familias de salarios bajos y medios. Este programa de transición busca poner un dique de contención a la licuación de los ingresos post devaluación. También tabicar el espiral inflacionario, en un contexto complejo por la inestabilidad política, el desalineamiento de expectativas y la imposibilidad de anclar otras variables por el acuerdo con el Fondo.
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El fogonazo inflacionario de agosto estuvo directamente ligado a la devaluación. El sacudón del 22% negociado con el FMI para el día posterior a las primarias se trasladó muy rápidamente. Técnicamente diríamos que fue uno de los pass through más grandes de la historia. Sin credibilidad y con escasa artillería, este resultado lucía evidente. Una devaluación sin timing ni programa que le de sustento siempre corre el riesgo de sufrir todos los efectos nocivos (aceleración de precios, impacto distributivo) sin capturar ninguno de los aspectos positivos (mejora del saldo externo y la recaudación). Otro resultado paradójico del 14 de agosto fue la continuidad de la brecha en los mismos niveles, dado el salto equivalente de los tipos de cambio financieros y el dólar libre. Todo se desplazo para arriba, pero los umbrales no se achicaron en lo absoluto. Una duda a despejar las próximas semanas radica en el efecto del congelamiento del dólar oficial mayorista en $350. Dos meses completos sin corrimientos (ni siquiera actualización por inflación) pueden amortiguar otras subas de costos para las empresas y moderar los pasajes a consumidor final. Todo a expensas de acumular menos reservas.
Sobre fines de agosto la Secretaría de Comercio recuperó la centralidad perdida a partir del lanzamiento de la Unidad de Renegociación de Precios. Se trata de un área que el gobierno busca jerarquizar con figuras políticas de peso como Guillermo Michel y Carlos Castagneto. Las negociaciones se enfocaron en propiciar condiciones de posibilidad en el vínculo con las empresas para avanzar en el congelamiento de precios. Para esto, Economía convalidó medidas compensatorias, como bonos fiscales, créditos flexibles y la promesa de morigerar cargas patronales para reducir la presión impositiva. A pesar de estos beneficios, los agrupamientos privados de aquellas industrias reguladas aceptaron a regañadientes la decisión oficial. En lo conceptual, repudian la distorsión de precios relativos y la menor rentabilidad fruto del incremento de costos. Hasta octubre es esperable que surjan tensiones en lo discursivo y estrategias para eludir la medida, pero a grandes rasgos el Ejecutivo tiene herramientas para imponer su voluntad y ralentizar la tendencia de precios en estos ítems.
La medicina prepaga es uno de los actores principales del “Plan Freezer Dulce”. Después de varios idas y vueltas, las empresas se terminaron allanando al acuerdo de precios estables por 90 días. Por las características del servicio, se trata de una actividad regulada por la Superintendencia de Servicios de Salud, que desde 2022 habilita los aumentos periódicos de las cuotas en función al “índice de costos de la salud”. Aún así, el rubro acarrea un retraso relativo del 5,6% contra el promedio general de precios en los últimos dos años. La letra chica marca que las prestadoras podrán incorporar a los precios el porcentaje acumulado de inflación cuando finalice el trimestre. También se verifica la aplicación de copagos para cada vez más tratamientos. Es interesante notar que se trata un servicio asociado a un concepto muy valorado por nuestra Sociedad (la “salud”). No obstante, es consumido por un estrato de individuos bien encumbrados en la distribución del ingreso. Se estima que solo el 20% de la población de mayor capacidad adquisitiva paga directamente o deriva aportes a las prepagas. No parece ser el bloque socioeconómico con mayores urgencias.
No solo las empresas de salud congelaron sus precios. Los precios de combustibles en surtidor también permanecerán estables hasta el 31 de octubre. Previo a esto, las compañías refinadoras trasladaron la mitad de la devaluación del mes pasado, por el orden del 12,5%. Aún así, el subsidio implícito para consumidores finales en la compra de naftas sigue creciendo. El salario medio actualmente compra 1.158 litros de combustible líquido Premium, mientras que a inicios de 2022 compraba 1.024 litros (13% menos que hoy). Esto no se gestó como producto de una mejora de los salarios reales, sino del atraso relativo de los precios en surtidor. Al igual que en el sector salud, el malestar entre las petroleras es ostensible. Por esto, la semana pasada la Secretaría de Energía restableció el “Régimen de Incentivos al Abastecimiento Interno de Combustibles”, a través del cual exime a las refinadoras del pago de los impuestos a los combustibles en las importaciones de naftas y gasoil. El saldo de este “toma y daca” decanta en menos recursos tributarios para el Estado, a cambio del abaratamiento relativo del costo para la demanda. Es un envión de competitividad de corto plazo para la producción, y más salario disponible para las familias. Menos claro es su efecto económico en lo que hace a la progresividad de la medida.
Apenas cerradas las PASO, Massa avanzó en un acuerdo de precios para frenar nuevos aumentos en medicamentos hasta fines de octubre. Según el Ministro se afrontará con el “esfuerzo compartido” entre el Estado y las empresas. El primero resignará recauación de impuestos, mientras que las segundas sacrificarán parte de rentabilidad. Otros precios determinados directamente por el Ejecutivo Nacional también fueron congelados. El boleto de transporte en el área metropolitana se estaba ajustando mensualmente en relación a la inflación, pero el incremento correspondiente a septiembre ya fue suspendido. Asimismo, las subas de tarifas de servicios públicos (luz, gas y agua) no registrarán nuevos aumentos hasta el 31 de octubre para los segmentos que aún mantienen una parte de subsidios (30% del total). La suba promedio del segmento servicios público del IPC fue del 160% en el último año. Es un porcentaje significativo, pero aún resta camino por recorrer hasta resolver el atraso relativo de los año previos. Con todo, Economía metió en este “Plan Freezer Dulce” a por lo menos seis bloques de precios, con una contribución relativa al IPC cercana al 20%.
Por fuera de la oportunidad electoral, está claro que el “Plan Freezer Dulce” es hoy lo único que mínimamente puede hacer el gobierno para que no se potencie la caída del poder adquisitivo de los ingresos. Modificaciones integrales que ataquen el problema de fondo (la inflación) tendrán lugar solo a partir de la implementación de un programa de estabilización en 2024. Con muchísimas restricciones, sin margen político y a un mes de las generales, Massa solo puede intentar evitar que se precipiten las variables. La pregunta del millón es qué puede pasar a partir del día 91, cuando la olla a presión del retraso de precios relativos se puede volver muy difícil de gestionar…
