Etapa crítica del año por las dudas sobre la estabilidad financiera y la consistencia del programa macro. La cercanía con la etapa electoral agrega ruido en un mercado que desconfía sobre la voluntad del gobierno para adecuarse a criterios básicos de prudencia fiscal. En el medio de todo esto la sequía restringió la capacidad de pago de nuestro país en moneda extranjera, en el marco del primer año de desembolsos netos con el FMI. La posibilidad de reformulación del cronograma de desembolsos y pagos se vuelve una posibilidad cada vez más concreta.
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La posición de reservas tocó su nivel más bajo desde inicios del 2022. Con nuestros números los dólares de libre disponibilidad apenas superan los U$S 1.300 millones, pero otras estimaciones las posicionan en zona neutra o levemente negativa. En cualquier caso, las importaciones mensuales están únicamente sustentadas por el flujo de cobros de las (menguadas) exportaciones de bienes. La reciente medida para ampliar los plazos de autorización de pagos de servicios y fletes por el sistema SIRASE fue la exteriorización del grado de emergencia de la situación actual. Se suma a las restricciones ya vigentes para los pagos cash de bienes a partir de determinado umbral y para la cancelación de deuda privada por la vía del MULC, además del severo cepo para la remisión de utilidades. Con un Banco Central famélico de dólares es imposible anclar las expectativas. El mercado huele sangre y sabe que la capacidad del Gobierno para hacer frente a una corrida está muy limitada por la falta de poder de fuego.
El contexto productivo del principal sector generador de divisas es determinante. Mes tras mes el efecto de la sequía es más profundo y conlleva un recorte de las proyecciones de cosecha. Por caso, la producción de soja superó los 42 millones de toneladas en 2022, mientras que este 2023 la previsión empezó en 37 millones y ya recortó a solo 23 millones. Es un 45,5% menos, con impacto directo en el ingreso de los dólares indispensables para que no se frene la actividad económica. El cierre del primer trimestre del año muestra el daño sobre el comercio exterior, con una reducción del 39,4% en las cantidades exportadas de productos primarios. Los precios promedio de nuestras exportaciones quebraron la tendencia creciente de 2022, pero siguen altos en términos históricos. La cosecha en Brasil fue superlativa, y la potencia regional está abasteciendo todos los mercados que Argentina deja disponibles. Hacia delante, las condiciones de lluvias y humedad del suelo empiezan a mejorar y las predicciones meteorológicas marcan la inminencia de la llegada del Niño para la última parte de este año.
El tercer programa de incremento exportador (también conocido como “Dólar Agro”) muestra números mucho menos auspiciosos que las ediciones anteriores. Transcurridos 19 días de vigencia se registraron liquidaciones de granos levemente superiores a los U$S 2.000 millones. En magnitudes comparables, se trata de 3.3 millones de toneladas, contra 4.8 millones de toneladas del Dólar Soja II y casi 13 millones de toneladas del Dólar Soja I. La diferencia es significativa y no solo se explica por la seca. El componente financiero también es un aspecto relevante, fruto de las distorsiones del mercado de cambios. Ocurre que el salto de precios a fines de abril amplió fuerte la brecha entre el valor de la preferencia cambiaria para el complejo soja (más economías regionales) VS las cotizaciones alternativas de dólar. El MEP llegó a tocar los $473, aunque después se estacionó 10% por debajo en la zona de los $430. Paradójicamente la brecha entre ambos segmentos hoy es similar a las dos etapas anteriores de Dólar Soja (aproximadamente 30%), pero el techo nominal previo y la separación con el Blue aún dejan impregnada la expectativa de que nuevamente tenga lugar una corrección al alza.
La hipótesis de adelantamiento de los derechos especiales de giro (convertibles en dólares) del programa de facilidades extendidas 2022 surge por los diálogos que se empezaron a entablar en las últimas semanas. Su implementación permitiría incorporar rápidamente más de U$S 10.000 millones a las arcas del Banco Central, correspondientes a los desembolsos de junio, septiembre y diciembre. Conllevaría la postergación de los pagos programados, que dejarían un saldo neto negativo por más de U$S 1.500 millones para lo que resta de 2023. Este cambio no tiene que ver con discontinuar el EFF 2022. Podría llevarse a cabo por aprobación directa del FMI sin necesidad de pasar una Ley por el Congreso, como exige la Ley 27.612 para el caso de nuevos programas. Las voces más críticas de la relación del Gobierno con el FMI piden una revisión integral del acuerdo, que habilite reformular el plazo de devolución, los sobrecargos de tasa de interés y los condicionamientos de política económica. Esta posibilidad luce improbable por el poco tiempo restante para esta administración.
Existen implicancias múltiples si se perfecciona el adelanto de fondos y se despejan los pagos 2023. En materia macro aliviará la contingencia climática, suavizando la liquidez de dólares a la espera de mayores ventas externas sobre la parte final del año. En el plano productivo dará fluidez a las importaciones de bienes, para no frenar completamente la economía. En relación a las expectativas permitirá descomprimir las presiones alcistas sobre los mercado paralelos de dólar, si se evalúa que el Gobierno no escatimará esfuerzos para contrarrestar una corrida. Por último, la habilitación del FMI podría funcionar como ancla institucional, amortiguando parte de la incertidumbre que suele prevalecer en momentos de elevada beligerancia política. No está claro si el organismo multilateral el Tesoro de USA) prestaría acuerdo a estos cambios. Las señales que vienen dando van en el sentido de no dejar caer a la argentina, pero siempre con resguardos para advertir escenarios de riesgo ante decisiones dispendiosas.
¿Qué sacrificio estará dispuesto a hacer el Ministro Massa para destrabar el cambio en el flujo de pagos 2023? Una alternativa que se barajó estos días fue la de “ofrendar” una aceleración en la convergencia fiscal. El aumento recientemente conocido en la tarifa de gas y luz para buena parte de los consumidores del AMBA va en esa dirección. También la ralentización de nuevas transferencias compensatorias para sectores de bajos recursos en un contexto de franca aceleración inflacionaria. Habrá que esperar. En cualquier caso, todos en el Gobierno saben que toda “claudicación ideológica” es irrelevante si el resultado es evitar la crisis económica y política de proporciones que hoy está a la vuelta de la esquina.
