El fenómeno inflacionario por el que transita nuestro país es asimétrico: afecta en mayor proporción a los segmentos de la población con menores recursos. En ese marco, la monetización de la canasta básica constituye un indicador esencial para la consideración sobre los niveles de indigencia y pobreza en la población. Si bien estos indicadores socioeconómicos se publican cada seis meses, la valorización de las canastas permiten inferir la dinámica social cuando se comparan contra la evolución de los ingresos de la población.
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Con datos publicados esta semana, el precio de la Canasta Básica Alimentaria aumentó 6,3% en julio para alcanzar los $49.465 para que un grupo familiar integrado por una pareja con dos hijos compre la comida indispensable y no caiga en la indigencia. Estos números que informó el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dan cuenta del fuerte impacto sobre el día a día de las familias del proceso inflacionario actual.
El Indec dio cuenta además que el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos reúne indumentaria y transporte, también subió 6,8% en julio, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $111.297 para no caer debajo de la línea de la pobreza. En los primeros siete meses del año la CBT aumentó 46,2% y la CBA 50,1%, diferencia que se debe a esencialmente en que las tarifas de los servicios públicos, y el transporte, se encontraban con escasos aumentos por lo cual aumenta la ponderación que tiene la comida dentro de los índices. En los últimos doce meses, el costo de la CBA avanzó 70,6% y la CBT 64,7%, precisó el Indec.
La distorsión de precios relativos después de tantos año de alta inflación es inmensa. En el cuadro a continuación mostramos las mayores brechas entre capítulos del IPC, que trepan hasta ± 37% solo en los últimos tres años. Detrás de este proceso está la ausencia de referencias: los consumidores que no saben cuánto pagan por los bienes y servicios, con un sistema de precios totalmente inútil para generar señales.
Es indispensable un plan anti inflacionario que escape del corto plazo e incluso trascienda los diferentes Gobiernos. Es difícil porque los incentivos en nuestro sistema político no están dispuestos a promover acciones colaborativas.
El Ministro Massa parece impulsar un programa basado en el orden macro-fiscal como mecanismo para calmar expectativas, que se habían desbandado en el contexto de inestabilidad política. La señal monetaria del cumplimiento estricto de la meta de no emisión también es una señal para anclar. Va en el sentido correcto, pero no parece suficiente. Transcurridas dos semanas de la nueva gestión económica faltan precisiones sobre cómo se van a corregir las inconsistencias del mercado cambiario y cuál es la estrategia para revertir el déficit de dólares, por fuera de los parches de corto para puentear el resto del año. Como señalamos en informes anteriores, es imposible desvincular el mal funcionamiento del mercado de cambios de la alta persistencia inflacionaria.
Massa cuenta con una ventaja: la normalización de algunas variables básicas (tarifas, tasa de interés, cuentas fiscales y monetarias) puede alcanzar para descomprimir la dinámica alcista. Los tiempos apremian y el Ejecutivo tiene el reloj de arena dado vuelta para mostrar resultados.
