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La Secretaría de Comercio derogó 3 normas que forzaban a las empresas a dar información al Estado

Se eliminaron las resoluciones vinculadas al control de precios, abastecimiento e información. Así, ya son 72 las resoluciones dadas de baja con el fin de "reducir la burocracia y simplificar la Administración Pública".

Jueves, 22 de agosto de 2024 a las 14 23,

Por Thomas Dos Reis

Jueves, 22 de agosto de 2024 a las 14 23,

El Gobierno derogó tres resoluciones vinculadas al control de precios, abastecimientos y/o requerimientos de información de la Secretaría de Comercio. La medida fue anunciada en el Boletín Oficial y, según se informó, ya son 72 en total las resoluciones que se eliminaron con el fin de la “desburocratización y simplificación”.

Por medio de la resolución 226/2024 de la cartera conducida por conducida por Pablo Lavigne, y realizada en colaboración con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, se derogó la resolución 65 del 11 de mayo de 1990, dictada por la ex Subsecretaría de Industria y Comercio, que obligaba a las empresas a presentar ante la ex Dirección Nacional de Análisis de Precios y Abastecimiento detalles de la producción de venta y existencias para el mercado interno y ventas al mercado de exportación. También exigía presentar datos de los cinco clientes principales.

Asimismo, se eliminó la resolución 62 del 26 de junio de 2013 de la ex Secretaría de Comercio Interior que indicaba que los proveedores de materiales para la construcción que pretendían canjear los Certificados de Depósito para Inversión (CEDIN) originados debían inscribirse en un Registro de Proveedores de Materiales para la Construcción. Esto regía tanto para personas físicas como jurídicas.

También, se derogó la resolución 176 de 2014 que obligaba a las prestadoras de servicio de comunicaciones móviles a informar mensualmente la totalidad de los planes ofrecidos en todas las modalidades posibles de prestación del servicio. Además, debían informar los precios de todos los servicios incluidos.

En los considerandos de la norma se indica: “Las derogaciones se llevaron a cabo con motivo de alinear las políticas de regulación del mercado interno a una Administración Pública de procesos tendientes a su desburocratización y simplificación”.

La justificación del Gobierno

La Secretaría indicó que estas medidas “impulsaban un rol estatal intervencionista”. “La eliminación de estas resoluciones reduce la burocracia estatal y simplifica los vínculos entre las empresas y la administración pública. Elimina también el control abusivo por parte del Estado de las decisiones comerciales de cada empresa. Las tres resoluciones derogadas se suman a las 69 normas eliminadas por el Gobierno que obstaculizaban las relaciones entre las empresas y el Estado, aumentando su rol intervencionista”, aseguró el comunicado oficial.

"Hoy, por Resolución 226/24 derogando las resoluciones 65/90, 62/13 y 176/2014 que imponían pesados requisitos informativos a muchísimas empresas", expresó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en su cuenta de X.

Qué otras normas se derogaron

Sumado a lo mencionado, se dispuso derogar normativas complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas a través del mega DNU rubricado por el presidente Javier Milei, que establecían su supervisión y cumplimiento.

Entre dichas normas derogadas se encuentran también el SiFIRE, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante la gestión de Alberto Fernández.

Se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, “apuntando a que ese tipo de políticas sea impulsada por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real”. Y se eliminaron normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada, la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores.

Otro caso es la Resolución N° 386 de 17 de septiembre de 2015 que creaba el programa “acceso de productos regionales argentinos en las grandes superficies de venta”, cuyo objetivo era promover la comercialización de productos regionales argentinos de consumo masivo, elaborados por las pequeñas y medianas empresas, en grandes superficies de venta de productos de consumo masivo.

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