La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo hizo lugar al recurso de apelación presentado por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) y el Gobierno de la Ciudad, revocó la medida cautelar que frenaba el aumento del subte y confirmó que la tarifa se mantiene en $650. Por su parte, el premetro saldrá $227,50.
La medida cautelar había sido interpuesta el pasado 27 de mayo por la jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4, Elena Amanda Liberatori, quien comunicó su decisión de suspender las subas previstas para este mes a partir de un pedido elevado por dirigentes de izquierda. Dicha presentación judicial, buscaba congelar los precios del boleto y denunciaba que el plan de aumentos previsto por la compañía de Subterráneos de Buenos Aires S.E., era “ilegal y fraudulento”.
En ese contexto, la diputada Myriam Bregman argumentó que la tarifa técnica incluye “gastos irrazonables y arbitrarios”, y que la falta de reglamentación de la Ley 4472 permite estas prácticas, así como también critica la falta de políticas para fomentar el uso del subte para los trabajadores.
Por ello, la magistrada de grado anunció la suspensión de los precios y le solicitó a SBASE presentar una readecuación de la tarifa al usuario que adopte los criterios de “justa y razonable”. De no ser así, le advirtió que se les iba a solicitar retrotraer el costo del ticket volviendo a los $125, que era lo indicado en el último cuadro tarifario.
La apelación a la resolución
SBASE apeló aquella resolución. Y en un dictamen efectuado en las últimas horas de este viernes, la justicia finalmente decidió revocarlo. El fallo de revocación, que lleva la firma de los magistrados Hugo Ricardo Zuleta, Gabriela Seijas y Horacio Corti, determinó que "el procedimiento de revisión tarifaria no había impedido la participación de los usuarios ni violado disposiciones legales aplicables".
El fallo también menciona que la medida cautelar de Liberatori había solicitado al Gobierno porteño presentar un plan de adecuación debido a que los aumentos eran considerados excesivos. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones concluyó que no había razones suficientes para mantener la suspensión del nuevo cuadro tarifario.