Este miércoles, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dispuso la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), que posee sede social en la Ciudad de Buenos Aires y pertenece a la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.
La disposición, se hizo efectiva a raíz de la intervención solicitada por el Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, en la que se determinó que desde el IEES se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar.
En horas de la tarde, en el programa Conflicto de Intereses que conduce el periodista Juan Amorín por la señal de noticias C5N, dieron a conocer una serie de pagos millonarios e irregulares, que recibió la Fundación en los últimos meses coincidente con el año electoral y la campaña de precandidata a presidenta de la ex ministra de Seguridad.
En primer lugar, se reveló que la asociación de Bullrich pagó 3.550.000 pesos a la consultora EyS Brainstorm que llamativamente tiene su sede en el mismo domicilio en el que vive la ex ministra de Seguridadad. Asimismo dieron a conocer que dicha fundación pagó 2.766.170 de pesos al diputado Gerardo Milman, mano derecha de la precandidata, en concepto de "servicios de coordinación de equipos".
Por otro lado, y en detalle, el informe aseguró que se registraron ocho facturas por un total de 525 mil pesos a Maximiliano Defranchi, quien se define como consultor en campañas políticas; ocho facturas por un total de 1.165.000 de pesos para Santos Urquiza Rueda, especialista en procesos electorales; nueve facturas por 1.260.000 de pesos para María Oneto, quien forma parte del equipo de campaña de Bullrich; diez facturas para el "Dr. Fohrig" por un total de 1.590.000 pesos en concepto de coordinación de equipos y seis facturas por un total de $1.400.000 para Martín Siracusa en concepto de honorarios.
La instrucción del IGJ
En cuanto a la instrucción emitida hoy por la Inspección General de Justicia, se determinó que bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro como es el IEES, “se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar, en todo o en parte, acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata".
Por otro lado, desde el organismo informaron que detectaron irregularidades contables y administrativas, entre ellas “se verificó un crecimiento exponencial de los ingresos y egresos del IEES, pasando en pocos meses de no tener fondos para solventar los gastos corrientes, a recaudar más de 90 millones de pesos”.
En este sentido, informaron que el incremento de los ingresos “es coincidente con actividades políticas personales desplegadas por la precandidata a presidente de JxC, Patricia Bullrich. Los gastos corresponden a pagos de facturas telefónicas vinculadas a líneas que están registrados bajo el partido “Unión por la Libertad”.
A través de la resolución 742/2023, el ministro Justicia y Derechos Humanos Martín Soria, dispuso la intervención por 180 días hábiles de la asociación civil en los términos del artículo 10, inciso J, de la ley 22.315.
