Este jueves, el Ejecutivo decidió la remoción de una funcionaria de la Agencia Nacional de Discapacidad, debido al escándalo alrededor de la resolución 187/2025, publicada recientemente en el Boletín Oficial, en la cual se utilizaron los términos: "imbécil, idiota y débil mental", como clasificiaciones para referirse a personas con capacidades diferentes.
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La medida publicada en el BO, estaba referida a las personas que perciben pensiones por discapacidad, otro de los recortes que quiere emprender el Gobierno nacional. En la resolución firmada por el titular de la AnDis, Diego Spagnuolo, figuraba esta terminología que se utilizaba a principios del siglo XXm una anacronía díficil de superar.
Spagnuolo realizó una publicación en su cuenta de X, en donde responsabiliza a empleados de la Agencia, pese a ser él mismo quien firmó la resolución. “En las últimas horas, se dio a conocer una grave equivocación en el anexo de la Resolución 187/2025, publicada el 16 de enero de este año en el Boletín Oficial", comenzó el funcionario su posteo.
"Quiero dejar en claro que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, agregó.
En esta línea, agregó: “La Resolución 187/2025 será modificada siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales”.
“Por último, ya se inició una investigación interna para determinar la o las personas responsables de esto y avanzar con su desvinculación, asegurando así que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir”, concluyó el funcionario.
Ante consultas de la prensa, fuentes del organismo declararon que "la salida corresponde a una sola implicada porque la otra responsable había renunciado tras participar de la redacción”.
Una decisión por lo menos polémica, porque la resolución llevaba una sola firma y era la del propio Spagnuolo. O el funcionario no leía lo que firmaba, u otra persona estaba firmando por él, algo que está penado por la ley.