En la mañana de este jueves, la Comisión de Refugiados (CORE) de Uruguay rechazó el pedido de asilo como refugiado político de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien había pedido al país vecino que le diera amparo ya que se considera un perseguido político.
El operador judicial de Mauricio Macri huyó a Uruguay para no tener que rendir cuentas ante la Justicia argentina y en las causas penales donde está acusado de extorsión y amenazas a los accionistas del Grupo Indalo, motivo por el cual la jueza María Servini ordenó su captura a nivel internacional y lo declaró en rebeldía. Ahora, la extradición debe ser resuelta por la jueza uruguaya Adriana Chamsarian.
Actualmente permanece en Montevideo, ciudad en la que se quedó para no cumplir con la citación a indagatoria. Pepín había tomado la decisión de irse al país vecino en mayo y él mismo fue quien lo informó. Al mismo tiempo lo notificó de manera formal a través de su abogado.
En el día de ayer, Página/12 reveló un documento que lleva la firma de Macri y que le concedía a Simón un poder amplísimo judicial y administración, es decir, podía actuar en causas judiciales y también armarlas.
Según revela el documento "iniciar demandas y contestarlas; intervenir en todas las instancias del pleito y en los incidentes; prorrogar y declinar de jurisdicción; recusar jueces y funcionarios públicos; realizar actos procesales, tales como presentar y agregar escritos; asistir a audiencias, interrogatorios y a juicios verbales; oponer excepciones, pedir y diligenciar cédulas, oficios, exhortos, cartas documento y cualquier otro tipo de notificaciones" son algunas de las facultades que Pepín puede tomar por Macri.
