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Martiniano Molina e Ignacio Chiodo, implicados en el millonario robo de caños del Gasoducto del NEA

La detención a principios de mes de uno de los imputados por el robo de kilómetros de tubos, reavivó la vinculación de conocidos empresarios de Quilmes y los nexos de los acusados con la dirigencia local de Juntos.
Sabado, 09 de octubre de 2021 a las 21 56

Por Redacción

Sabado, 09 de octubre de 2021 a las 21:56

El Gobierno nacional informó este jueves que tiene previsto que en noviembre comiencen las obras del saqueado Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), en el tramo que pasa por Salta. Los trabajos en esta ambiciosa obra se paralizaron en 2015, luego hubo robos de kilómetros de caños en el norte provincial y esa causa está en pleno juicio.

Lo más escandaloso de la situación es que no se vendían en el mercado negro, sino que la Justicia salteña determinó que se comercializaban -con sus números de serie limados- en tres predios de la provincia de Buenos Aires. Uno es propiedad de empresarios de Quilmes vinculados al ex intendente y actual candidato a diputado provincial, Martiniano Molina, y a su mano derecha y aspirante a concejal, Ignacio Chiodo.

Uno de esos predios, ubicado a metros de la bajada de calle Iriarte de la Autopista Buenos Aires-La Plata, es propiedad de José y Matías Rossi (padre e hijo), quienes figuran como titulares de las firmas Comarfil y Presol, ambas dueñas de varios inmuebles en Quilmes y Berazategui.

Ese predio, durante la gestión de Martiniano Molina como intendente de Quilmes, funcionó como playa de acarreo para vehículos secuestrados.

Actualmente, se puede encontrar en el lugar maquinaria vial, camiones y otros elementos de obras. Pero épocas de Molina y con el actual candidato a concejal Ignacio Chiodo como subsecretario de Asuntos Jurídicos local, fue alquilado por el Municipio de Quilmes. Chiodo era la persona encargada de validar los contratos que la municipalidad suscribía con sus proveedores y hoy figura como abogado defensor de los Rossi.

Por estos días, los Rossi gozan del beneficio de una eximición de prisión dictada luego de que la fiscal Ximena Santoro solicitara la detención de ambos, el 29 de marzo pasado, por considerar que cuentan con los medios suficientes como para entorpecer la investigación y ocultar pruebas de alguno de los tres predios en los que se encontraron caños y vehículos involucrados en la causa.

A pesar del tiempo que le demandaría la campaña electoral y las recorridas junto a Molina, Chiodo se hizo un rato para defender a sus protegidos y conseguir que transiten el juicio en libertad, a la espera de una sentencia. Por otra parte, en estos meses siguieron obteniendo ingresos por el alquiler de los inmuebles de su propiedad, comenzando por el comando de campaña local de Juntos, ubicado en pleno centro de Quilmes sobre la calle Lavalle.

El inicio de la causa y el robo millonario al Estado

Todo se destapó en septiembre de 2018, cuando funcionarios de Integración Energética Argentina, la ex ENARSA, presentaron una veintena de denuncias de robos de caños correspondientes a la emblemática obra Gasoducto del Nordeste Argentino (GNEA). Lo hicieron en la comisaría de Coronel Juan Solá (Morillo) y también en Aguaray, ambos municipios ubicados al norte salteño.

Por estos hechos relacionados con la sustracción ilegal de, al menos, ocho kilómetros de caños del GNEA, se inició un proceso judicial cuya instancia oral y pública se está llevando a cabo en estos días en la provincia de Salta. 

En este marco, el titular del Juzgado de Garantías 1 de Tartagal, Nelso Aramayo, ordenó la semana pasada la detención de Adrián Antonio Vera, señalado como uno de los ideólogos de la millonaria estafa, tras su declaración bajo la figura de "imputado colaborador".

Vera fue detenido en Quilmes y es sindicado como el responsable de trasladar los caños robados al predio de los Rossi.

Según la acusación, los imputados planearon el saqueo de 35 kilómetros del GNEA, que atraviesa Aguaray y parajes cercanos. En allanamientos realizados en esa zona y en Quilmes se recuperaron cerca de 260 caños. Toda es cantidad de cañería robada para reventa ilegal le había costado al Estado nacional la friolera suma de cerca de 13,5 millones de dólares.

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