El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó que se realice un registro a las instalaciones del Fideicomiso Espacio Añelo, ubicado en Neuquén y que pertenece al grupo Caputo hermanos, en la causa que se sigue por las amenazas realizadas por el grupo Revolución Federal.
De esta forma, el juez responde a un pedido formulado por el fiscal Gerardo Policita, quien el jueves solicitó "órdenes de presentación con allanamiento en subsidio" sobre once inmuebles vinculados a Caputo Hermanos S.A. y a empresas y proveedores invocados por esa firma y por Jonathan Morel, quien está procesado el referente de Revolución Federal junto a otros tres miembros de esa organización.
"Corresponde disponer el registro domiciliario a realizar en el día de la fecha en el edificio cuya construcción tuviera por objeto el fidecomiso Espacio Añelo, ubicado en la intersección de la Ruta Provincial 7 y 17 de la localidad de Añelo de la provincia de Neuquén, a los fines de lograr inspeccionar las unidades que conforman dicha edificación, únicamente con el objeto de determinar a través de aquel procedimiento de inspección, si en aquellas se registra la totalidad del mobiliario descripto en el remito de fecha 16/08/22, aportado por Caputo Hermanos el pasado 19 de octubre", sostiene la resolución judicial a la que tuvo acceso Télam.
El procedimiento tiene por objetivo esclarecer la naturaleza del vínculo entre Morel y Caputo Hermanos S.A.: se busca aclarar si esa empresa financió las actividades de Revolución Federal o si efectivamente lo contrató para trabajos de carpintería realizados para un edificio construido en Neuquén, como declaró.
Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra, todos miembros de Revolución Federal, están procesados bajo la acusación de haberse organizado para llevar a cabo "un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor", que incluyó la proliferación de consignas violentas en redes sociales y la multiplicación de manifestaciones en las calles con el objetivo de intimidar a dirigentes políticos y militantes principalmente ligados al oficialismo.
"Es necesario el desarrollo de la correspondiente profundización de la investigación al respecto, en pos de reconstruir los sucesos acontecidos en la realidad, determinando si existió una vinculación de la sociedad en sí al financiamiento del accionar ilícito del grupo o si, de contrario, efectivamente la versión de los hechos adoptada por Morel resulta veraz", sostuvo el fiscal Pollicita al requerir las medidas para investigar el financiamiento de Revolución Federal.
La versión de Morel es que todo el dinero que le ingresó desde Caputo Hermanos sería exclusivamente como contraprestación de los servicios comerciales brindados desde su carpintería en Boulogne, provincia de Buenos Aires, para el fideicomiso Espacio Añelo, y puntualmente en función del amoblamiento del edificio ubicado en la intersección de las rutas provinciales 7 y 17, en Añelo, provincia de Neuquén.
"Lo cierto es que las sumas de dinero aportadas por el fideicomiso Espacio Añelo durante el año 2022 se dieron principalmente entre los meses de mayo y agosto, esto es recordemos, el período en el que no sólo la agrupación Revolución Federal inició su actividad pública como tal, sino también durante el lapso temporal en el que desplegó sus acciones más violentas", resaltó el fiscal en el escrito de 18 páginas.
Revisarán los procesamientos de miembros de Revolución Federal
Los procesamientos de Jonathan Morel y otros tres integrantes de Revolución Federal (RF) serán revisados por la Cámara Federal porteña a pedido del juez Marcelo Martínez de Giorgi. La audiencia fue programada para el próximo 23 de noviembre.
De Giorgi insiste en que los implicados formaron parte de una asociación ilícita y consideró que “hay pruebas para considerar que buscaron imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, argumentó.
Se trata de los fallos sin prisión preventiva dictados para el líder del grupo de ultraderecha, Sabrina Basile, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, quienes fueron liberados por María Eugenia Capuchetti tras ser indagados hace un par de semanas.
Sin embargo, el juez federal los procesó al considerar que actuaron por fuera de la ley y que las protestas violentas que realizaron no están dentro de la protección de los derechos de protesta y libre expresión, sino que fueron aún más allá.
“Generar daños en el vehículo en que se transportaba un ministro, amenazar de muerte a una funcionaria de la actual gestión de Gobierno, obstaculizar la realización de actos gubernamentales”, fueron algunos de los actos que señaló De Giorgi que están por fuera de ese derecho.
Dichos procesamientos fueron apelados por las defensas de los cuatro imputados y ahora la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones deberá revisar los pedidos de los abogados de RF. Los jueces que actuarán son Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, todos relacionados al expresidente Mauricio Macri.
Los cuatro acusados fueron excarcelados por los mismos magistrados y viven su vida libremente. Incluso Morel se paseó por los medios de comunicación, en donde intentó desligarse del caso y le echó la culpa al gobierno de Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Por su parte, la querella de CFK presentó un recurso contra la liberación de Morel, el líder de RF, para que continúe siendo investigado luego de la aparición de audios y mensajes que lo incriminan en el planeamiento de actos violentos contra la funcionaria pública.
