Este miércoles, estudiantes, docentes y trabajadores no docentes universitarios participaron en la segunda marcha federal desde que asumió la presidencia de Javier Milei. La manifestación surgió en respuesta a la decisión del gobierno de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en septiembre por la oposición en el Congreso.
Te puede interesar
La ley busca garantizar un ajuste mensual del presupuesto universitario en función de la inflación, con retroactividad al 1 de diciembre de 2023. Esto beneficiaría a 60 universidades nacionales, tomando en cuenta variables como la cantidad de estudiantes, graduados, carreras, y otras actividades relacionadas con la investigación científica y hospitales universitarios.
La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que el costo de la medida sería equivalente al 0,14% del PBI, alrededor de $740.000 millones. De esa suma, aproximadamente $441.000 millones estarían destinados a recomponer los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, representando el 0,8% del Producto.
Las universidades nacionales sufrieron un recorte de más del 30%
Más allá del veto, las universidades ya venían arrastrando problemas presupuestarios debido a los recortes impulsados por el gobierno en su intento de alcanzar el equilibrio fiscal.
Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), entre enero y septiembre de este año, las transferencias del gobierno central a las universidades nacionales para cubrir gastos operativos cayeron un 30,2% en términos reales, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Entre las más afectadas por la reducción de fondos se encuentran la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, con un recorte del 68,5%, y la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, con un 56,2%.
Otras instituciones también sufrieron grandes caídas, como la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (-48,7%), la Universidad Nacional de Hurlingham (-47,1%), y la Universidad Nacional de Moreno (-46,3%).
En este contexto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, admitió en su cuenta de X que los salarios docentes se vieron rezagados respecto a la inflación, que hasta agosto alcanzó el 94,8%. “El aumento salarial en la administración pública fue del 68,2%, mientras que los docentes universitarios recibieron un 81,4%”, explicó.
Sturzenegger añadió: “Las universidades no aceptaron el incremento del 5,8% por encima de la pauta salarial de octubre, que era de 1 punto porcentual. De haberlo aceptado, los salarios reales de los docentes habrían superado a los del resto del sector público”.
Desde el gobierno se argumenta que los docentes con dedicación exclusiva perciben salarios considerablemente superiores a la Canasta Básica Total (CBT) de $300.000. “Los docentes de dedicación exclusiva cobran cerca de $1,4 millones mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad perciben alrededor de $1 millón. Esto indica que no hay pobreza en estos sectores. Los salarios más bajos corresponden a los docentes de dedicación simple, quienes solo enseñan una vez por semana”, se indicó en un informe de Capital Humano.
Otra de las críticas del gobierno se centra en la falta de rendición de cuentas de algunas universidades sobre el uso de los fondos públicos. En este sentido, también se comparó el presupuesto universitario con programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Un informe del Consejo Coordinador de Políticas Sociales del Ministerio de Capital Humano detalló que “el presupuesto destinado a universidades representa un 7% del total, una cifra similar a la de la AUH, que impacta en 4 millones de beneficiarios, mientras que las universidades alcanzan a 710.466 estudiantes regulares”.
