Amnistía Internacional Argentina publicó un informe en el que denunció hechos represivos ocurridos en distintas manifestaciones en las que se aplicó el "Protocolo Anti-piquetes" impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y avalado por el presidente Javier Milei.
Por medio de una publicación titulada "Disenso en riesgo", la organización denunció que el Gobierno Nacional hizo un uso desproporcionado de las fuerzas de seguridad "como norma" y encontró "un patrón de represión y criminalización" para quienes se manifestaron en contra de las políticas llevadas a cabo por esta gestión. Semanas atrás, el Papa Francisco se había hecho eco de estos violentos hechos.
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No sólo criticó ese uso desmedido de la fuerza, sino que advirtió que es la primera y única respuesta a las demandas sociales. En particular, alertó sobre "el uso desproporcionado de armas menos letales como gases lacrimógenos y balas de goma han puesto en peligro la vida y salud de las personas".
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Los datos que publicó Amnistía Internacional sobre la represión policial
De acuerdo a los datos, durante el 2024 hubo 1.155 personas heridas, muchas de ellas con lesiones graves, 33 con impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión, 50 trabajadores de prensa heridos durante las coberturas de las manifestaciones y 73 personas "criminalizadas" por participar en las protestas.
"Entre las prácticas documentadas, se observó el uso abusivo de gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes y golpes con tonfas y bastones, además de detenciones arbitrarias. Incluso, en casos emblemáticos, niños y niñas fueron afectados por la violencia represiva", detallaron.
Las consecuencias contra los manifestantes no terminó en las heridas. Según el informe, "la persecución penal a quienes salen a las calles a manifestarse es permanente". En las 15 manifestaciones relevadas registraron 68 personas detenidas y al menos 73 manifestantes fueron criminalizados por su participación en las protestas.
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Paola Rey, directora adjunta de Amnistía: "La respuesta nunca puede ser el miedo como forma de inhibir la expresión y la violencia como estrategia para lograrlo"
La directora adjunta de Amnistía, Paola García Rey, indicó que el informe refleja la restricción del ejercicio de la libertad de expresión en las calles y "el achicamiento del espacio cívico".
"Desplegamos una metodología que incluyó pedidos de acceso a información pública al Estado Nacional, que en muchos casos fueron denegadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Relevamos más de 30 testimonios de víctimas que sufrieron el uso desproporcionado de la fuerza. También relevamos imágenes porque, ahora, las redes sociales habilitan muchísimo más la difusión", expresó García Rey en diálogo con Noticias Argentinas.
En tanto, señaló que desde Amnistía proponen "dar cuenta de la situación de alarma frente a la violencia" como un recurso para coartar el disenso, por un lado, y "silenciar las voces", por otro.
"Sin duda, Argentina tiene un uso de la calle muy activo y, seguramente, era necesario darnos un debate robusto sobre la canalización de los reclamos populares al Gobierno. Pero la respuesta nunca puede ser el miedo como forma de inhibir la expresión y la violencia como estrategia para lograrlo", remarcó.