La Unidad de Información Financiera (UIF), y la Administración Federal de Ingresos públicos (AFIP), pidieron el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez y su empresa Austral Construcciones, donde vinculaban además a la ex mandataria.
Los organismos que actúan como querellantes en la causa respondieron a la solicitud de opinión que les pidió el juez federal Sebastián Casanello, quien está a cargo del caso, y pidieron el sobreseimiento de la vice por falta de pruebas. La postura de las querellas va en coincidencia con el dictamen presentado por el fiscal Guillermo Marijuan.
Tras la postura de los mismos, la causa se quedó sin acusación. Según dice la norma procesal, ante la falta de impulso de la acción penal el juez no puede sino dictar el sobreseimiento de los imputados.
Ante esta situación, el juez Casanello deberá evaluar en los próximos días las opiniones los organismos y determinará si la causa seguirá abierta, ya que, sin acusación, no hay motivo para continuar con la investigación.
La causa y el pedido de la vice
Cristina Kirchner fue imputada el 8 de abril de 2016 luego de la declaración indagatoria prestada por Leonardo Fariña, en su carácter de imputado colaborador. En esa causa, que pareciera cerrarse por falta de pruebas, ya fue condenado el empresario Lázaro Báez.
A principios de abril de 2022, la vice le pidió al juez Casanello su sobreseimiento definitivo. Cristina Kirchner fue indagada en ese expediente por orden de la Cámara Federal, ya que Casanello siempre consideró que no había elementos que la incriminaran en la maniobra.
La hipótesis acusatoria indicaba que el dinero que presuntamente “lavó” Lázaro Báez era, en realidad, del matrimonio entre Néstor y Cristina Kirchner.
El dictamen de Marijuan
El fiscal Guillermo Marijuan presentó un dictamen donde desvinculó a la vicepresidenta de las maniobras de Lázaro Báez.
“Si se considera que la descomunal masa de dinero que Lázaro Báez lavaba con la compleja maniobra de ‘exportar’ millones de divisas reingresándolas al país como una inversión, así como la compra de innumerables muebles e inmuebles, proviene sólo de la evasión fiscal y no de la asignación irregular de la obra pública direccionada a su favor, se aleja el centro de la escena delictual del poder político de esta causa de lavado de dinero”, dictaminó.
