Diputados fue escenario de un paso clave para la limitación al poder de Javier Milei. Es que el grueso del arco opositor acordó este miércoles un dictamen de mayoría para modificar la Ley 26.122 que regula el tratamiento del Congreso sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo.
Se trata de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre (el nuevo grupo de la UCR), quienes reunieron 36 firmas en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para límites a los DNU. Ahora van a pedir una sesión especial para votarlo antes de fin de año, aunque Milei ya adelantó que si se aprueba la va a vetar.
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El documento firmado establece que el rechazo de una sola cámara alcanza para voltearlos y fijan un plazo de vigencia (de 90 días) para que, si en ese tiempo el Congreso no lo avala, se caiga automáticamente.
Actualmente, la ley de DNU -aprobada en 2006 durante el gobierno de Cristina Kirchner- fija exactamente lo contrario: que mientras no sean rechazados por el Parlamento, los decretos firmados por el Presidente tienen el peso de una ley. Para que queden sin efecto, además, establece que tiene que ser rechazado por ambas Cámaras.
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El primer paso de la oposición para limitar el poder de Milei
El primer paso para cambiar esa ley se dio este miércoles en la tercera reunión del plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos, donde el dictamen de mayoría, consiguió 36 firmas: de Encuentro Federal (que motorizó el tema), Unión por la Patria y la nueva bancada radical, Democracia para Siempre, que firmó en disidencia parcial porque Carla Carrizo quería que se mantenga el requisito de que las dos cámaras rechacen para que un decreto quede sin efecto.
La UCR firmó un texto propio presentado por Karina Banfi, aunque su compañero Francisco Monti -que también integra el plenario- no lo firmó. El texto coincide en que el rechazo de una cámara sea suficiente para voltear un decreto, pero no fija plazo. "Eso es un exceso, no lo manda la Constitución, y desincentiva la posibilidad de negociar leyes", consideraron desde el bloque.
El tercer dictamen es el de Juan Manuel López (Coalición Cívica) que plantea lo mismo que el del radicalismo pero además habilita la posibilidad de hacer rechazos parciales.
La Libertad Avanza, por su parte, aguarda con el suyo por el rechazo, y sabe que -más allá del pronunciamiento- cuenta con el respaldo del PRO y los radicales "dialoguistas".
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Qué dice el proyecto
El proyecto, que consta de tres artículos, recibió 36 firmas en el plenario de comisiones, respaldado por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre.
El primero modifica el artículo 17 de la ley, indica que los decretos "tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 5º del Código Civil y Comercial" y que "perderán vigencia si no fueran aprobados mediante resolución de ambas Cámaras del Congreso en un plazo de noventa (90) días corridos contados desde su publicación”.
El segundo sostiene que cuando los decretos "sean dictados durante el periodo de receso parlamentario las Cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento conforme al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”. Mientras que el tercero aclara que “el rechazo por alguna de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario.”
Las bancadas opositoras buscarán llevar el tema al recinto antes de que termine el periodo ordinario, el 30 de noviembre. Lo cierto es que tienen grandes chances de lograrlo: Solo con UP (99), Encuentro Federal (16), Democracia para Siempre (12) y la Izquierda (5) suman 132 votos, suficientes para tener quórum y aprobarlo.
De igual forma, el presidente Milei adelantó que la vetará. "Si el Presidente la veta bien merecido por hipócritas y por fomentar la inseguridad jurídica", sentenció el diputado de LLA Lisandro Almirón, al cierre del debate.
