Luego de que el Gobierno anunciara este martes la designación en comisión de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia, la medida generó rápidamente reacciones en diversos sectores políticos.
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El presidente Javier Milei formalizó el nombramiento mediante un decreto, el cual establece que ambos jueces ocuparán sus cargos hasta el final del próximo período legislativo, sin necesidad de pasar por el Senado.
La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente a través de un mensaje en la red social X, donde se destacó que el Gobierno "no tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino".
UxP cuestionó la designación García Mansilla y Lijo: las repercusiones
La designación tuvo fuertes repercusiones tanto en la oposición como en algunos sectores del oficialismo, que cuestionaron la medida por su procedimiento y sus posibles implicancias institucionales.
El interbloque de senadores de Unión por la Patria rechazó la medida, calificándola como “una maniobra que viola de forma tajante” la Constitución.
De esta forma, los legisladores de esa bancada sostienen que el Gobierno busca garantizar “impunidad ante hechos de flagrancia que son de público conocimiento”.
El nombramiento también fue criticada por juristas y legisladores de distintas fuerzas políticas, quienes cuestionaron el uso del decreto para nombrar a los nuevos magistrados.
La diputada Carolina Gaillard, de Unión por la Patria, señaló que el nombramiento por decreto "está mal, y estuvo mal también cuando lo hizo Macri", en referencia a la misma medida adoptada por el expresidente en su momento.
Otros legisladores, como Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, también cuestionaron la medida, señalando que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial.
Mientras tanto, el Congreso se prepara para debatir la cuestión en los próximos días, aunque hasta el momento el Gobierno no dio respuestas a los cuestionamientos.
Milei designó por decreto a García Mansilla y Lijo como jueces de la Corte Suprema
El Gobierno anunció este martes la designación en comisión por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia. Será hasta el fin del próximo periodo legislativo.
La medida fue anunciada por la Oficina del Presidente a través de un comunicado publicado en la cuenta de X, donde el Gobierno indicó que "el Gobierno nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino".
"El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo periodo legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros", expresó el texto.
Y continuó: "durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos".
El comunicado del Gobierno
En el documento difundido, el Gobierno advirtió que "en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores" y aseguró que "es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas".
"La Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos", indicó el texto.
Además, el Gobierno recordó que "una notable mayoría del arco político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en la designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos. Sin embargo, durante meses, han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República".
"En este contexto, cabe destacar que la Constitución Nacional faculta al Presidente a cubrir las vacantes de empleos que requieran el acuerdo del Senado y que se produzcan durante su receso, mediante nombramientos en comisión que expirarán al finalizar la próxima legislatura", expresó.
Además, consideró "fundamental recordar que la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 4, establece como atribución exclusiva del Presidente el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. El Senado de la Nación debe expresar acuerdo o rechazar las propuestas presidenciales, sin que en ningún caso pueda proponer candidatos, para lo cual debe realizar un análisis objetivo basado en la idoneidad de los postulados y no en intereses meramente políticos".
