El Gobierno se encuentra en la elaboración de un proyecto de ley para declarar a las garrafas como un servicio público, regulado por el Estado y con tarifas acordes en todo el país, en una medida que beneficiaría a 16 millones de personas que no cuentan con el servicio de gas por redes.
Según el diario Página 12, el espacio político del Frente de Todos ya tendría negociado el respaldo a la iniciativa incluso de varios legisladores de Juntos por el Cambio, en una radiografía similar a lo que ocurrió con la votación de la ley de zonas frías.
El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, es el impulsor de la medida que se presenta como un cambio radical en el sistema para responder a una demanda histórica por parte de los usuarios.
Las garrafas de 10, 12 y 15 kilos tienen valores de referencia que determina la Secretaría de Energía de la Nación. La última actualización fue en abril, después de quince meses de congelamiento, desde julio de 2019. Para el envase de 10 kilos, el más utilizado, se determinó un sendero de precios que llegó este mes a 435 pesos, sin contar IVA, Ingresos Brutos ni el costo por entrega a domicilio.
En marzo de 2005, el gobierno de Néstor Kirchner produjo un primer movimiento para intentar amparar al 40 por ciento de los ciudadanos argentinos que no tienen gas por redes. Impulsó y logró la aprobación de la ley 26.020 que establece un régimen regulatorio de la industria y comercialización del GLP. Allí se creó un fondo fiduciario para atender las necesidades de sectores de bajos recursos y expandir la red de gas natural.
A pesar de los avances, todavía hay cuatro provincias donde el servicio de gas por redes es muy limitado: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Sobre una población de 5,3 millones de personas, la distribuidora regional, GasNea, cuenta apenas con 110 mil usuarios entre residenciales, comercios e industrias.
La necesidad de declarar a las garrafas como servicio público va en línea con fortalecer las regulaciones y controles del Estado a fin de garantizar la provisión en forma efectiva a tarifas equitativas y uniformes.
La vicepresidenta Cristina Kirchner fue una de las primeras en abrir el debate en el acto que realizó el Frente de Todos en el estadio Único de La Plata a fines del 2020. Allí instó al gobierno a trabajar para que en el 2021 los argentinos dejen de abonar "tarifas de servicios dolarizadas" y de asociar el valor de las mismas al salario que perciben la mayoría de los trabajadores. En esa línea, poco a poco, el Gobierno comienza a cumplir con dicha expectativa.
