El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, emitió este miércoles la resolución 3/2024, que instruye a las entidades del Sector Público Nacional a “intimar” a sus empleados que cumplan con las condiciones legales a iniciar los trámites de jubilación en un plazo no mayor a 30 días. De esta manera, el gobierno avanza con la motosierra profunda.
Esta resolución, publicada en el Boletín Oficial, surge en el marco de una política del Ministerio para modernizar y racionalizar el empleo público, en línea con la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, que busca reducir el tamaño del Estado y transparentar el gasto público.
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“Instrúyase a los titulares de las entidades comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias a intimar, en un plazo no mayor a TREINTA (30) días hábiles desde la publicación de la presente resolución, al personal que reúna las condiciones establecidas en el artículo 19 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241 a iniciar los trámites administrativos a fin de ingresar al sistema previsional”, dice la resolución.
Con esto, el Gobierno avanza en los cambios dentro de la estructura organizativa del Estado. Entre las principales modificaciones que incorporó el Ejecutivo, se encuentra el examen de idoneidad de los cerca de 40 mil empleados que forman parte de la planta de trabajadores, sea de forma transitoria o permanente.
La evaluación se realizará en el mes de diciembre, cuando vencen las contrataciones. Para ser renovados, se requerirá el examen aprobado.
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Qué establece la medida
La norma se inscribe en los objetivos de la Ley Bases, que apunta a "a mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas".
De esta forma, la resolución establece un plazo de 30 días hábiles para que las entidades inicien los trámites administrativos para el personal que cumpla con las condiciones previstas por ley.
Además, se establece la posibilidad de solicitar una autorización excepcional para prorrogar por seis meses la continuidad de empleados considerados estratégicos.
La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública será la encargada de otorgar dichas autorizaciones, basadas en la crítica necesidad de los perfiles profesionales en las jurisdicciones u organismos descentralizados. Este enfoque busca asegurar que los cambios en la plantilla no afecten el funcionamiento operativo de las áreas clave del sector público.
Según señalaron desde el Gobierno, "actualmente hay alrededor de 10 mil personas en edad jubilatoria de las cuales más de 6.800 corresponden a planta permanente". Para instrumentar el inicio de los trámites previsionales, la Secretaría a cargo de Fariña suscribió un convenio de intercambio electrónico de información con ANSES para que ese organismo determine quiénes están en condiciones de concretarlos.
