En las últimas horas, el Gobierno decidió poner fin al monopolio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la capacitación de choferes profesionales.
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Dicha actividad, según fuentes oficiales, le generaba ingresos anuales de más de 11 mil millones de pesos a través de la Asociación para la Educación y Formación de Trabajadores del Transporte de Pasajeros (AEFTP).
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró: “A partir de ahora, cualquier prestador que cumpla con los requisitos podrá ofrecer los cursos”. La decisión se materializará a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que habilitará en los próximos días un registro de nuevos prestadores.
A partir de ahora, cualquier prestador podrá ofrecer formación para choferes
Con esta decisión, la Agencia Nacional de Seguridad Vial abrirá un registro para nuevos prestadores que quieran brindar las capacitaciones. La medida impacta directamente en unos 55 mil choferes que deben renovar anualmente su licencia profesional.
El proceso incluye tres tipos de cursos: la formación inicial para aspirantes ($460.000), la validación de competencias para conductores con experiencia ($360.000) y la actualización anual, que cuesta $59.112.
Desde el Ministerio de Transporte justificaron la decisión como un paso para fomentar la competencia y transparentar el sistema. “Se terminó un kiosco del sindicalismo. Privilegios para nadie, competencia para todos”, aseguró Franco Mogetta, secretario de Transporte, quien celebró la medida en redes sociales.
El Gobierno también señaló que la apertura del registro permitirá mejorar los controles sobre la actividad, optimizar recursos y facilitar los trámites para los conductores.
Además, remarcaron que se trata de una medida en línea con las políticas de desregulación impulsadas desde el inicio de la gestión.
De esta forma, la UTA pierde un beneficio que mantenía desde 2019, en un nuevo gesto del Ejecutivo para limitar el poder de los sindicatos en sectores estratégicos.
El Gobierno desreguló el transporte automotor de larga y media distancia
El Gobierno anunció este lunes la desregulación del transporte de pasajeros de larga y media distancia. La decisión se implementó a través del Decreto 883/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Con esta medida, explicaron, habrá "beneficios para todos los actores del sector, como la creación de un nuevo Registro Nacional del Transporte de pasajeros, el libre establecimiento de recorridos, horarios, precios y duración de los servicios por parte de los transportistas".
Impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la nueva norma reemplaza a la que tiene más de 30 años de antigüedad.
Según se informó, el objetivo de la desregulación es lograr "la liberalización, modernización y desregulación del transporte automotor de pasajeros y su adaptación a la dinámica de transporte actual".
En virtud de ello, agregaron, se “dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”.
Desregularon el transporte de larga y media distancia: los principales cambios
Con esta normativa, los empresarios del sector tendrán la posibilidad de establecer libremente los recorridos, los vehículos utilizados, la frecuencia y el horario, los precios, la duración de los servicios y las paradas que estén autorizadas por la jurisdicción local. "Generará una mayor oferta de servicios y competencia de precios que beneficiará tanto al usuario como a las empresas y transportistas", destacaron desde el Gobierno.
"A partir de ahora las empresas podrán elegir sus horarios, rutas, precios, tamaño de sus vehículos y paradas sin necesidad de autorizaciones ni trámites engorrosos", expresó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de su cuenta de X.
Según informó la Secretaría de Transporte de la Nación, además "tendrán que informar la capacidad de transporte, detallando cantidad y tipo de vehículo, cantidad de asientos, seguros contratados, la nómina de conductores a asignar y la información relativa a las licencias de conducir de los mismos, la periodicidad de los servicios declarados, el origen, las paradas intermedias y el destino del viaje".
En este punto entra en vigencia el Registro Nacional del Transporte de pasajeros, organismo mediante el cual se deberán informar y ofrecer al público los servicios disponibles.
En cuanto a los plazos, adelantaron desde el Gobierno que "la autoridad de aplicación de esta medida será la Secretaría de Transporte de la Nación del Ministerio de Economía y comenzará a implementarse en 60 días, cuando se realicen las actualizaciones tecnológicas necesarias".
La medida, que deja de considerar servicio público al transporte de media y larga distancia, amenaza con dejar incomunicados a destinos "no rentables" para empresas, que ya no estarán obligadas a llevar pasajeros allí.
Fuentes del sector señalaron su preocupación por la posibilidad de que la desregulación genere margen de maniobra para que crezca los negocios opacos.
