El Gobierno denunció penalmente al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, por los escandalosos chats filtrados la semana pasada. Así lo comunicó el ministro de Justicia de Nación, Martín Soria, quien presentó la denuncia por orden del presidente Alberto Fernández.
A D’Alessandro se lo imputa por delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público”, entre otros, y piden secuestrar su celular lo antes posible para investigar las polémicas conversaciones. Además, se involucró a contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales y la ex N°2 de la AFI macrista, Silvia Majdalani.
"Por instrucción del Presidente presenté una denuncia penal en la justicia nacional para que investigue al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro: se imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros", comunicó en su cuenta oficial de Twitter.
El comunicado plantea que, de confirmarse las revelaciones de los chats, “demostrarían una connivencia escandalosa entre el funcionario porteño y altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estados Nacional y concesionarios de servicios públicos, incompatibles con un Estado de Derecho”.
"La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas", agregó Soria en el hilo.
La denuncia pide investigar los presuntos hechos de corrupción cometidos por D’Alessandro, uno de los principales hombres del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y el dueño de la empresa de acarreo con concesión en la Ciudad de Buenos Aires, operado por la empresa Dakota S.A.
También resalta una supuesta existencia de un canal de pago de retornos entre el ministro porteño y Marcelo Violante (dueño de dicha empresa de grúas), que justificaría la decisión de Larreta de no aumentar desde el 2014 la cuota mensual que la empresa le paga a la Ciudad.
Otra de las cuestiones a investigar es si hubo un “arreglo” de licitaciones entre D’Alessandro y Majdalani, ex subdirectora de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, para la destrucción de chalecos antibalas de la Policía de la Ciudad.
La denuncia reclamó el secuestro inmediato del celular del funcionario de la Ciudad y la realización de una pericia informática a la búsqueda de elementos de interés para la presente causa.
