Se dio en el marco de la reunión plenaria de las comisiones de Justicia y Legislación Penal, que presiden los diputados Rodolfo Tailhade (FdT) y María Luján Rey (PRO), respectivamente. La norma apunta a generar diversas herramientas en la búsqueda de combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Presentada por el diputado nacional santafesino Roberto Mirabella (FdT) y acompañada por diferentes legisladores de dicha provincia, la iniciativa tiene como objeto fortalecer el Sistema de Justicia Penal Federal de la provincia de Santa Fe a los efectos de la implementación del Código Procesal Penal Federal, Ley Nº 27.063, sus normas modificatorias y complementarias.
El texto consensuado apunta, entre otras cuestiones, a crear 13 fiscalías federales, cuatro defensorías y seis juzgados federales. Asimismo, otro objetivo es el de crear seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales, en un contexto de fuerte incremento de los homicidios y el narcotráfico.
Mirabella (FdT), como miembro informante, destacó el hecho que todos los legisladores de los distintos sectores políticos de la provincia se hayan puesto de acuerdo en avanzar en conjunto en un proyecto. “Hoy estamos en una situación delicada donde tenemos que producir y realizar acciones a la vez, porque todas son importantes y tienen efecto de corto, mediano o largo plazo”, remarcó.
El diputado santafesino Juan Martín (UCR), en primer lugar, afirmó que con esta medida “llegamos tarde, parece que estamos corriendo detrás de la pelota”. Al respecto, solicitó tener “un plan y decisión política con mayores recursos y efectivos policiales para ayudar a pacificar la provincia de Santa Fe”. “Empecemos a hacer las cosas preventivamente”, señaló.
A su turno, Marcos Cleri (FdT) ponderó que “este proyecto, que tiene una mirada de mediano y largo plazo, es un muy buen ejemplo para trabajar en el resto de las provincias y regiones, para que el acceso a la justicia sea más rápido y adecuado”. En otro orden, criticó al “turismo electoral político”, considerándolo un “carancheo” al cual solicitó dejar de hacerlo, porque con “la seguridad no se especula, se trabaja todos los días para vencer al crimen organizado”, dijo.
Desde el bloque PRO, Pablo Tonelli, celebró el “método de trabajo” para lograr el consenso necesario y, en ese sentido, ratificó que “Santa Fe necesita esta ley, la situación del narcotráfico requiere la aprobación de este proyecto, que apunta a resolver un problema concreto, real y existente”, subrayó. “Tengamos conciencia de que hace falta mucho más de parte de nosotros, del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público y de la Corte Suprema”, concluyó.
En la continuidad, Fernando Carbajal (UCR) expresó que “la única manera de avanzar en la lucha contra el crimen organizado es la desburocratización de la investigación criminar, y esto solamente puede hacerse en el marco del sistema acusatorio”. Asimismo, instó a que “como dirigentes políticos tenemos la obligación de hacer el mayor esfuerzo para generar los consensos necesarios y avanzar en la puesta en marca del nuevo código y la reforma de la justicia”.
En representación del bloque Socialista, Enrique Estévez, criticó que “en estos últimos tres o cuatro días se hicieron más anuncios que los últimos diez, y esto sucede porque balearon el supermercado de una persona conocida a nivel mundial, sino nosotros no estaríamos teniendo ni noticias de todo eso”.
Al anticipar su acompañamiento y resaltar que “este proyecto tiene la virtud de que viene trabajado por el poder judicial”, Graciela Camaño, de Identidad Bonaerense, fustigó el hecho de que “no estamos pudiendo dialogar en torno a los grandes intereses de nuestro pueblo hace muchos años”.
También, hicieron uso de la palabra los diputados del Frente de Todos Eduardo Toniolli, Leonardo Grosso y Daniel Arroyo; del PRO, Silvia Lospennato; de la UCR Manuel Aguirre; y el senador nacional Dionisio Fernando Scarpin (UCR- Santa Fe). Ahora, el proyecto deberá debatirse en la comisión de Presupuesto y Hacienda. En el caso de lograr el aval, quedará en condiciones de tratarse en el recinto de la Cámara de Diputados.
