Un grupo de abogados presentó este martes una denuncia penal contra empleados del empresario inglés Joe Lewis por privación ilegal de la libertad, actos de piratería y sedición y atentados contra la soberanía nacional, tras las acciones realizadas contra los manifestantes de la sexta marcha "por la soberanía" del Lago Escondido.
En la denuncia presentada en el juzgado de Bariloche por el Grupo de Abogados Solidarios, que integra Daniel Llermanos, se relata que el pasado domingo “la movilización arribó a la cabecera norte del que denominaron ‘Lago Soberanía’ – Lago Escondido- y el contingente fue allí interceptado, hostigado y privados de su libertad por aproximadamente cincuenta hombres, a caballo y armados, organizados por una persona que ejercía el mando y que fuera identificada como Nicolás van Ditmar”.
Esa situación, según consta en la denuncia, obligó a los miembros de la expedición a intentar replegarse hacia la cabecera sur del lago, donde “pasaron la noche en condiciones de precariedad y con grave riesgo para la salud de las víctimas”.
Además de Llermanos, firman la denuncia Mario Filozof, Jorge Oscar Chueco, Rafael Resnick, Carlos Roble, Luis Salvatierra, Daniel Trava, Héctor Jorge Rodríguez, todos abogados pertenecientes al Grupo de Abogados Solidarios.
“La cuestión se habría agravado cuando dos uniformados –policías de montaña- tomaron la decisión de abandonar el lugar dejando a las personas sin ninguna clase de protección y asistencia”, agregaron.
En la presentación judicial, se sostiene que “el maltrato y humillación que tuvieran que soportar los peregrinos, sobrepasó hasta la mente más perversa del nacionalsocialismo, cuando los agresores les proferían que “’iban a cenar asado de la carne de sus cuerpos’”.
“No sólo proferían amenazas, sino que han pasado a los hechos concretos, como ser la provocación del hundimiento de la embarcación en la cual se encontraba navegando el -médico sanitarista- Jorge Rachid, el cual se encuentra descompensado y con graves riesgos a su salud, sin poder tener acceso a las vías de comunicación que le permita concurrir al centro asistencial más cercano”, denunciaron los abogados.
En ese sentido, los letrados consideraron que “los responsables de estos hechos que atentan claramente con el derecho de circular garantizado por la Constitución Nacional, serían empleados o contratados por un magnate inglés, Joe Lewis, que a nombre propio y/o de empresas vinculadas a su patrimonio adquirió importantes extensiones territoriales, cuestión que no lo autoriza a ejercer el dominio sobre caminos y rutas públicas y mucho menos a emplear patotas de guardianes para tareas de carácter policial”.
Llermanos junto a otros abogados solicitaron a la Justicia que investigue y cite a declaración indagatoria al personal de Lewis y que tome testimonio a los dos policías de montaña que se encontraban en el lugar y se retiraron y se investigue quien dio la orden de que abandonen el lugar.
La comitiva de manifestantes participaba de la Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía del Lago Escondido y se encontraba en un camino autorizado por la Justicia cuando fue agredida el domingo pasado, según denunció la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ese mismo día.
En el plano judicial, la justicia federal desestimó dos pedidos de hábeas corpus en favor de los manifestantes, pero también emitió una orden para que el Gobierno nacional y la provincia de Río Negro “rescaten a quienes necesiten ser rescatados”.
En ese marco, un helicóptero partió del aeródromo de Bariloche y rescató al médico sanitarista y dirigente peronista Jorge Rachid, que integraba la marcha, y se descompensó tras ser hostigado por los empleados de Lewis, según informó la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), la organizadora de la marcha por la soberanía del Lago Escondido.
El cineasta y docente Martín “Grifo” Adorno, a cargo del equipo de comunicación de FIPCA denunció que los manifestantes "fueron intimidados anoche" cuando acampaban en la zona por un grupo de hombres que responden al empresario británico Lewis y que "realizaron disparos al aire con armas de fuego".
"Les hacían saber mediante miras láser y disparos que estaban allí, apostados en la zona. Esto es algo que agrava un poco la situación que se está viviendo en ese lugar", indicó Adorno.
En tanto, desde distintos sectores gremiales y de organizaciones de derechos humanos continuaron llegando las denuncias y los cuestionamientos contra el accionar de Lewis.
El secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro y adjunto de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, denunció que existe “un ejército paramilitar” solventado por el magnate británico para impedir el ingreso público al Lago Escondido.
Debido a la decisión de los jueces sobre el hábeas corpus, el dirigente sindical señaló que resulta “evidente que los ricos de la Patagonia tienen sus propias leyes”.
También la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró que el accionar de Lewis en Lago Escondido es una "situación de apropiación de nuestras propias tierras" y subrayó que los organismos de derechos humanos acompañarán "lo que se proyecte" para revertir la situación.
"El lago es público, siempre con la ley en la mano tenemos que asociarnos para combatir esto y lo que se proyecte lo vamos a acompañar. No nos debe robar los lagos un señor con mucho dinero", dijo Carlotto.
