Este martes, la Sala II de la Cámara Federal revocó el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como la “ruta del dinero K” tras el pedido que realizó la ONG, Bases Republicanas, que oficia como querellante. Por la investigación que comenzó en abril de 2013, ya fueron condenados el empresario Lázaro Báez, sus hijos y el arrepentido, Leonardo Fariña, entre otros.
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La decisión del Tribunal de reabrir la investigación fue dividida por dos votos contra uno. Por la minoría, el juez Eduardo Farah votó en rechazo del planteo, por su parte, los magistrados Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, hicieron lugar al reclamo de la asociación civil vinculada al macrismo.
El sobreseimiento de la expresidenta, había firmado el juez Sebastián Casanello, a instancias del fiscal Guillermo Marijuan y con el aval de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Si bien el Tribunal no acepto declarar la nulidad del dictamen del fiscal Marijuan el 24 de mayo pasado, resolvió que el juez le dé trámite al planteo del nuevo querellante como acusador, por lo que iniciara un nuevo proceso en la investigación que ya lleva más de 10 años.
La ONG Bases Republicanas, cuestionó la decisión de Casanello, quien el pasado 5 de junio, resolvió sobreseer a la vicepresidenta en ejercicio por ausencia de acusación, luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuán se retirara del caso que investigaba presuntas maniobras de lavado de dinero. Desde la organización civil, indicaron que Lázaro Báez y sus socios, oficiaron como testaferros de Néstor y Cristina.
Tras la resolución de los camaristas, la exmandataria seguirá siendo investigada en la causa y el juez Casanello deberá seguir al frente del caso.
Por esta causa, ya fueron condenados a prisión el empresario santacruceño Lázaro Báez, sus hijos, el arrepentido Leonardo Fariña, quien contaba con el beneficio de detención domiciliaria pero que fue nuevamente detenido tras ser encontrado en una "cueva" financiera durante un operativo que desarrollaban la PFA y la Aduana, y un grupo de financistas, entre otros. Todos ellos acusados de haber llevado adelante maniobras millonarias de lavado por una suma cercana a los 55 millones de dólares proveniente de la facturación ilegal y de la obra pública.
