A través de una "carta abierta al presidente Javier Milei a meses del inicio de su gobierno", la entidad de Derechos Humanos Amnistía Internacional expresó su "grave preocupación sobre la situación de derechos humanos en Argentina" bajo el gobierno de Milei.
"Desde la organización, reconocemos que la crisis económica y social que ha atravesado el país desde hace años exigió un cambio. Sin embargo, nos alarma que en 10 meses de gobierno la pobreza no haya disminuido, sino que, al contrario, se ha incrementado. Además, las libertades públicas están amenazadas", indicó Amnistía Internacional.
También solicitaron que el presidente argentino "respete y garantice los derechos humanos de todas las personas".
Además, el organismo destacó que "la libertad no es un concepto aislado, es un derecho humano reconocido y protegido por el derecho internacional que vincula al Estado argentino y a todas sus instituciones. La libertad está indivisiblemente relacionada con el reconocimiento, sin discriminación, del derecho de las personas a vivir una vida digna, libre de violencias, con acceso a servicios públicos de calidad, y a que no se ponga en riesgo su vida e integridad".
"Señor presidente: para que la libertad avance, Ud., como jefe de Estado, debe garantizar y velar por el cumplimiento de todos los derechos humanos por igual", resaltó Amnistía Internacional.
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Preocupación por las medidas económicas del Gobierno
"Las políticas de ajuste junto con una escalada en los precios generaron un impacto directo en los hogares de ingresos medios y bajos, con un incremento de la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Su administración ha presumido internacionalmente un histórico superávit que no sucedía desde hace 16 años", sostuvo el documento.
En esa línea, el informe expresa que el superávit "ha tenido un elevado costo sobre la población: el número de personas que vive en situación de pobreza creció del 41.7% al 52.9% desde el último trimestre de 2023, cuando su gobierno tomó posesión, al primer semestre de 2024. Al mismo tiempo, más de un millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar; y el ingreso mínimo de una persona adulta mayor no llega a cubrir la canasta Canasta Básica Total (CBT), que incluye gastos esenciales como la alimentación, vestido y traslado".
Además, expresaron preocupación por "el impacto en las mujeres adultas mayores por su histórica sobrerrepresentación en el mercado de trabajo no registrado: sólo el 12,1% de las mujeres en edad de jubilarse, entre 55 y 59 años, cuenta actualmente con más de 20 años de aportes jubilatorios requeridos por la ley argentina para acceder a una pensión".
"En lugar de dar respuesta a esta situación, su gobierno ha anunciado el interés de aumentar la edad jubilatoria o propuesto otorgar jubilaciones proporcionales a los aportes, que implicarían ingresos incluso por debajo de la jubilación mínima y de los costos de vida de una persona", resaltó.
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La postura sobre la libertad de expresión
El organismo "lamenta que su administración encabece una confrontación violenta e intolerante, propia de prácticas autoritarias, que utiliza discursos de odio y desinformación como estrategia para silenciar y censurar a quienes piensan diferente, incluyendo periodistas, referentes de la oposición y organizaciones sociales".
"Desde que inició su administración, Amnistía Internacional ha documentado el ataque y hostigamiento a al menos 30 periodistas, poniendo en serio riesgo la libertad de expresión. El desprestigio, la difamación y la estigmatización se han utilizado para intimidar el ejercicio de la prensa libre e independiente que pregunta o cuestiona las medidas adoptadas por su administración", destacaron.
También indicó que el gobierno "también ha tomado medidas contra el espacio cívico físico, especialmente los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. El Ministerio de Seguridad aprobó una serie de resoluciones que imponen severas restricciones a la protesta pacífica y habilitaron el uso abusivo de la fuerza, el uso indiscriminado de armas menos letales – gases lacrimógenos y balas de goma dirigidas al rostro- tanques hidrantes y mecanismos de vigilancia en redes sociales".
"De la mano de las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta social, parece buscarse imponer un clima de temor que inhabilite las expresiones de disconformidad, propias de la libertad de pensamiento y expresión, que deben ser garantizadas en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos", sostuvo el texto.
Además destacó que "la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza pública y condenó que el Estado argentino asociara la manifestación social con un "golpe de Estado" y que calificara a las personas manifestantes como "terroristas"".
"También nos preocupa que, en nombre de la seguridad, las autoridades argentinas hayan avanzado en regulaciones que combinan el uso de tecnologías y la inteligencia artificial para vigilar de manera masiva e indiscriminada a las personas. Estas medidas imponen un sistema de “ciberpatrullaje” que vulnera los derechos a la privacidad, libertad e intimidad", expresó el documento y resaltó que "la libertad no avanza con hambre y precariedad económica".
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Medidas contra las políticas públicas
"Es urgente que reviertan las medidas contra las políticas públicas que garantizan los derechos humanos de todas las personas", sostuvieron y le pidieron al Gobierno que:
1. Se abstenga del uso de discursos y mensajes violentos e intimidatorios, en especial dirigidos a la labor de periodistas y medios de comunicación, que promueven un clima de hostigamiento, censura y restricciones a la libertad de expresión.
2. Respete y proteja el pleno ejercicio de la libertad de expresión, de reunión, de asociación, y el derecho a defender los derechos humanos, derogando la Resolución 943/2023, adoptando una normativa respetuosa de los derechos humanos, y garantizando la implementación de los estándares internacionales de derechos humanos sobre uso de la fuerza. 3. Evitar el uso indebido de la herramienta penal para el hostigamiento a manifestantes como forma de restricción del derecho a la protesta pacífica.
4. Garantice las condiciones de vida de las personas mayores mediante recursos y servicios de calidad, atendiendo con urgencia la situación de quienes cobran la jubilación mínima y no logran cubrir los gastos básicos de vida.
5. Adopte todas las medidas a su alcance para proteger el ingreso y calidad de vida de las personas en medio del incremento de precios y costo de vida, con un enfoque de no regresividad y derechos humanos.
6. Garantice el derecho de las mujeres, en todas sus diversidades, a vivir una vida libre de violencia. Lo cual incluye revertir medidas institucionales que han limitado la respuesta, protección y acceso a justicia de víctimas de violencia de género, así como asegurar el presupuesto necesario para el fortalecimiento de políticas públicas que tienen por objeto reducir la desigualdad de género.
7. Asegure el derecho de la salud y a la autonomía reproductiva, entre otras cosas, a través de la provisión de los insumos y recursos (presupuestarios, humanos, materiales, edilicios) destinados a sostener el acceso a cuidados y servicios de salud sexual y reproductiva en todo el territorio nacional, incluyendo el acceso al aborto.
8. Garantice la continuidad y el fortalecimiento del Plan Nacional de Prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, incluyendo presupuesto suficiente para proveer los insumos, instalaciones y recursos técnicos y humanos necesarios para una efectiva y adecuada implementación a nivel nacional.
