Por Cynthia García y Mariano Di Pierri
La semana pasada cerró con una mala noticia para el macrismo: el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Alberto Mahiques fue apartado de la causa en la que se investiga el espionaje ilegal contra familiares de víctimas del submarino ARA San Juan.
La decisión fue adoptada por sus colegas Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, quienes hicieron lugar a planteos de los abogados querellantes Valeria Carreras y Luis Tagliapietra, este último, además, padre de una de las víctimas mortales del naufragio. El argumento de los letrados era su temor de parcialidad respecto de Mahiques por su relación con el ex presidente Mauricio Macri, investigado en este expediente.
Los magistrados justificaron la decisión en la necesidad de "aventar temores de parcialidad". En su voto, Yacobucci advierte que eso no significa menoscabar la idoneidad u honorabilidad de Mahiques, el juez que participó de la tertulia impúdica en Lago Escondido con funcionarios del gobierno porteño y directivos de Clarín. Y el tercer juez del tribunal, Daniel Petrone, disintió "respetuosamente", según sus propias palabras para no conceder la recusación.
Otro desencuentro judicial amaga con convertirse en escándalo político esta semana. Se trata del desplazamiento de Héctor Daniel Marchi, a través de la acordada 11/23 de la Corte Suprema. Este oscuro sujeto de los pasillos de Tribunales es un contador santafecino que lleva los números de la obra social del Poder Judicial desde hace 15 años.
La decisión de los cortesanos, saldo de una votación dividida por 3 a 1, sobrevino el jueves, cuando Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda votaron su apartamiento en aras de la modernización y Ricardo Lorenzetti se opuso. Al día siguiente, llegó la citación desde la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para que Marchi compareciera ante los legisladores mañana mismo. La reunión en la Cámara Baja puede ser explosiva porque el flamante testigo puede destapara la olla de irregularidades de la administración fraudulenta de los fondos de la obra social de los judiciales.
Revelan que tres economistas del PRO le pidieron al FMI que le suelte la mano al Gobierno
Como si fuera poco, las turbulencias económicas de la semana pasada hicieron que la Comisión Nacional de Valores pusiera las barbas en remojo y tenga que sancionar a la consultora que, según el Gobierno, provocó la zozobra cambiaria al pronosticar una devaluación brutal para hoy. Y esta mañana, son varios los matutinos porteños que publican en tapa que el director argentino ante el FMI, Sergio Chodos, denuncia que Alfonso Prat Gay, Guido Sandleris y Hernán Lacunza le pidieron al organismo que no le habilite fondos frescos a la Argentina. En una actitud profundamente antipatriótica, especulativa en términos electorales y criminal por su impacto social, apuntan a desestabilizar al gobierno a través de una megadevaluación.
En síntesis, la democracia languidece irremediablemente. Ya no es un problema de la lapicera en manos de unos o en manos de otros porque la tinta con la que se escribe la historia se exprime con el sufrimiento popular que se planifica en Washington. Esa es la verdadera banda de sonido que dramatiza la definición de las candidaturas del Frente de Todos y es una obviedad que la vicepresidenta Cristina Kirchner analiza el mapa planetario en su totalidad antes de tomar cualquier decisión sobre la mejor manera de asumir su papel en este nuevo capítulo de la pelea para romper con la subordinación nacional a los intereses de los buitres.
Sin importar cuál sea su definición personal, lo imperioso es que se comprenda de manera urgente a qué se enfrenta el país. La tragedia en ciernes no distingue nombres propios en una boleta pero la boleta puede ser una punta de lanza. La pregunta es si la mejor táctica para esta etapa consiste en convertir a la Vicepresidenta en el filo de la lanza o si hay que construir más organización para que ella empuñe ese arma. Cada cual elige su propia aventura cuando se acerca el día D.
