Massa activó finalmente un paquete amplio de medidas para llegar con transferencias directas e indirectas a una porción importante de la población. La ocasión no se puede desvincular del ciclo electoral, pero tampoco de la necesidad de compensar el impacto de la suba del tipo de cambio oficial, con traslado automático a los precios internos. Las rebajas impositivas que conforman el programa contracíclico se dan en un contexto de debilidad política extrema. Su tránsito por el Congreso no será fácil. Hoy el escenario más probable es que estos cambios solo tengan una vigencia transitoria hasta fin de año.
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La quita de ganancias va a abarcar a la gran mayoría de empleados en relación de dependencia. Con el nuevo mínimo no imponible (finalmente de $2 millones) los retenidos serán menos del 0,85% del total de registrados. La mejora de bolsillo para los salarios más altos escalará hasta los $300 mil, con mayor incidencia sobre la cúspide de la pirámide. Es así que los trabajadores con convenios colectivos más potentes recibirán un aumento de hasta el 21% real. De hecho, hay riesgo que parte de estos excedentes salariales se dolaricen por el canal financiero, aumentando la olla a presión para las reservas del Banco Central. Cabe destacar que la medida tiene un efecto económico regresivo, minimizando la recaudación de un gravamen muy deseable en toda estructura tributaria. Argentina tiene una presión acotada en los impuestos a los ingresos, que son los que predominan en los países más desarrollados. En contraste, hay una atrofia de impuestos al consumo, ventas y otros distorsivos sobre la producción como los vinculados al comercio exterior. Dicho esto, no es menos cierto que la quita de impuestos beneficiará al mundo del trabajo, que viene sufriendo una década de deterioro (casi) incesante del poder de compra.
Menos problemático parece el programa “Compre sin IVA”. Esta iniciativa verifica un efecto progresivo en su incidencia económica y sobrevuela todo tipo de dificultades de implementación para la identificación de beneficiarios o la efectivización de los pagos. Estimamos un incremento del gasto de poco más de 0,6% del PBI por esta medida, asumiendo el escenario más oneroso en que se alcance de forma plena el universo potencial de 21,7 millones de personas. Para un salario medio la devolución implicará una mejora del orden del 7,2%, mientras que en el segmento de salarios mínimos el reintegro representa un alza de en alrededor de 22,2%. La decisión sobre el IVA tiene una ventaja adicional, que es la formalización de una mayor cantidad de operaciones comerciales. Desde el lado de la demanda, probablemente genere una sustitución en el uso de dinero efectivo en favor de pagos con débito automático o billeteras virtuales asociadas a tarjetas de débito. Por el lado de la oferta, surgirán incentivos a habilitar (y promocionar) el uso del posnet para capturar a los consumidores ávidos de aprovechar la devolución. El Gobierno, además, mencionó la intención de realizar sorteos de bienes durables entre compradores y comerciantes para ampliar la profundidad del programa, en un esquema semejante al loterIVA de la década del ’90.
Los anuncios de esta semana se suman al bloque de inicios de septiembre, donde se destacaba el bono desdoblado de dos cuotas de $30 mil para asalariados en relación de dependencia. En adición, el Gobierno dispuso ampliar el stock de créditos a tasa subsidiada y plazos flexibles para trabajadores. El saldo de estas medidas será mucho más acotado. Es un hecho que muchas empresas no respetarán el decreto, a pesar que en las PyMEs hay 50% de bonificación vía reducción de cargas sociales. Aún así, todo esto contribuye a generar un alivio para los trabajadores alcanzados. Después de tantos años de bolsillos exhaustos, podría contribuir a poner un piso al consumo interno, que verificaba un franco retroceso en los últimos meses. Más incierto se presenta el panorama para la producción y su relación con este paquete. Muchas empresas pueden afrontar mayores niveles de demanda, pero sin contar con disponibilidad plena de dólares para adaptar los niveles de oferta y abastecer el mercado. Como sea, el programa expansivo pesa poco menos de 1,5% del PBI y nadie puede pensar que se trata de un New Deal vernáculo del siglo XXI. Es un esfuerzo importante dada la restricción presupuestaria severa, pero nada que vaya a modificar estructuralmente el actual estado de la economía.
Quienes mantiene posiciones críticas objetaron el efecto monetario de las decisiones oficiales y sus posibles consecuencias sobre el proceso inflacionario. En particular, señalaron supuestos riesgos inminentes de una híper, dado el desacople irremediable de expectativas y un eventual desplome de la demanda de dinero. Ningún grupo político parece poder tirar la primera en materia impositiva. Los economistas de los frentes opositores pidieron en reiteradas oportunidades que se reduzca la presión tributaria. Tanto es así que en JxC proponían la eliminación plena de ganancias cuarta categoría, a la vez que en 2019 avanzaron en una reducción parcial del IVA para los alimentos. Las críticas actuales son más posicionales que basadas en una cosmovisión ideológica bien definida. En cualquier caso, no está claro cuál puede ser el éxito del trámite parlamentario para la reforma de ganancias y el esquema de devolución del IVA. Si Massa no logra sumar apoyos provinciales, las medidas solo tendrán vigencia hasta diciembre. Por tanto, el Ministro deberá en las próximas semanas convencer a los gobernadores para que resignen ingresos coparticipables. Desafío complejo, en pleno ciclo electoral.
De cara a los próximos meses se abren senderos muy distintos en función de los resultados de octubre. Un escenario de balotaje con el oficialismo en segunda vuelta exigiría sostener la estabilidad pírrica en las variables nominales. En ese caso, lo más probable es que el tipo de cambio oficial se mantenga en $350, se refuercen los acuerdos y controles de precios, y se consolide la represión financiera para reducir el gasto de reservas ante la dolarización de carteras. Contrariamente, una victoria de los libertarios en primera vuelta o una segunda vuelta con el peronismo fuera del balotaje, podrían gatillar un nuevo contexto de tensión financiera, con desalineamiento de incentivos para mantener el “Plan Aguantar”. Este análisis se da en un trasfondo de súper inflación, con un nuevo cambio de régimen por el último salto discreto en la velocidad a la que corren los precios. La política de ingresos viene a equiparar parcialmente la licuación nominal, que tuvo su punto máximo en el momento de la devaluación. Con un IPC mensual a tasas de dos dígitos, todo tiene gusto a poco.
Massa parece decidido a mostrar logros económicos como un anticipo de lo que sería su gestión como Presidente. Las restricciones macro y presupuestarias pasan a segundo plano en este momento. El programa expansivo desvía en casi un punto del PBI el sendero hacia el cumplimiento de las metas con el FMI, pero su evaluación no tendrá lugar hasta después del balotaje. La gran pregunta a partir de ahora es si el electorado valorará el esfuerzo fiscal para compensar el daño previo o se dejará llevar por el impulso de bronca por el descontrol inflacionario. El partido se sigue jugando…
