Este viernes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer su “staff report” de 116 páginas correspondiente a la quinta y sexta revisión del programa que mantiene con la Argentina por la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.
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En el escrito, el organismo internacional hizo referencia a la situación económica argentina que, desde la última revisión, se volvió “cada vez más frágil, con episodios de mayor volatilidad del mercado que reflejaron, más recientemente, incertidumbres políticas”.
Además, el documento hizo mención a la histórica sequía que impactó sobre la economía argentina: “Si bien la sequía histórica ha resultado en mayores pérdidas superiores a las esperadas en la producción agrícola, las exportaciones y los ingresos fiscales, la actividad no agrícola ha mostrado resiliencia, lo que refleja una demanda interna sólida, en parte gracias a resultado de desvíos políticos”.
Según argumentaron los técnicos, la inflación y las presiones externas "se han intensificado", y aseguran que "con reservas cayendo a niveles peligrosamente bajos debido a la sequía y a una política de ajuste insuficiente. Los desvíos de políticas se reflejan en parte en limitaciones políticas y electorales”.
“En términos generales, los objetivos clave del programa, reducir la inflación y reconstruir las reservas, siguen siendo difíciles de alcanzar, ya que los desequilibrios han aumentado en el contexto de shocks externos y una débil implementación de políticas", sumaron en el informe.
Los pedidos del FMI
Tras el desembolso de uSd 7.500 millones aprobado por el directorio del Fondo el pasado miércoles, la directora del organismo, Kristalina Georgieva, precisó que la Argentina necesitará de mayores esfuerzos para cumplir con el programa. Asimismo, solicitó un “fuerte respaldo político” para el actual gobierno y el próximo que asumirá el 10 de diciembre.
Además, apuntó a la reducción del déficit fiscal con foco en la reducción de subsidios. “Para alcanzar el déficit fiscal primario acordado de 1,9% del PIB este año sigue siendo esencial apoyar la estabilidad económica y financiera. Los esfuerzos se centran en reforzar los controles de gasto con medidas iniciales dirigidas a actualizar las tarifas de la energía y contener los salarios públicos y las pensiones, sin dejar de proteger el gasto prioritario en programas sociales y en infraestructura”, indicó.
Con estos pedidos, el Gobierno nacional se comprometió con dichos requerimientos del organismo con una carta firmada por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el titular del Banco Central, Miguel Pesce. En este sentido, los funcionarios remarcaron que “mientras estamos trabajando para ampliar nuestros acuerdos de precios voluntarios, coherentes con unos acuerdos salariales prudentes que preserven el poder adquisitivo al tiempo que apoyamos nuestros objetivos de desinflación”.
Y añadieron en el escrito: “Aunque el marco de la política monetaria y cambiaria se ajustará en consecuencia para garantizar nuestros objetivos de reservas e inflación, podría ser necesario realizar intervenciones limitadas y temporales en los mercados financieros de divisas”.
Por último, Massa y Pesce afirmaron que se cumplirá con las exigencias de Georgieva: tanto con la actualización de las tarifas energéticas que aumentarán paralelamente con los crecientes de los costos de producción, así como también mejorando la progresividad de las subvenciones. Asimismo, remarcaron “la contención del crecimiento de los salarios del sector público; y de una mejor orientación de las transferencias a las provincias y a las empresas estatales. Para 2024, nos hemos comprometido a alcanzar un déficit fiscal primario del 0,9% del PIB”.
