El Gobierno derogó los decretos que promovían el Desarrollo de Parques Industriales impulsados en 2010 por Cristina Kirchner y en 2020 por Alberto Fernández. Estas normativas tenían como objetivo la generación de empleo en el sector, el desarrollo sustentable e inclusivo y potenciarlo.
El Decreto 1077/2024 publicado en el Boletín Oficial lleva las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. En las páginas publicadas consideran que la Argentina "estuvo atravesada en los últimos años por una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactaron negativamente en toda la población y en especial en lo social y económico".
En esta línea justificó que "la citada ley tuvo en consideración que, a los fines de una mayor eficiencia económica, resulta necesario efectuar una profunda readecuación de las asignaciones presupuestarias, adaptando los programas y proyectos a la realidad económica y financiera existente y a las urgentes necesidades y prioridades", en el marco de que "se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, entre otras".
Por consiguiente, en "el contexto actual resulta indispensable optimizar los recursos asignados a la política industrial y priorizar la planificación de nuevas estrategias que permitan sostener la competitividad de los sectores productivos y fortalecer la radicación de inversiones". "Resulta conveniente eliminar el Programa Nacional para el Desarrollo de los Parques Industriales y derogar los Decretos Nros. 915/10 y 716/20. Que ha tomado intervención el servicio de asesoramiento jurídico competente", finalizó.
Qué es el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales
El decreto derogó el Registro Nacional de Parques Industriales (Renpi) y el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, luego de comprobar que los Aportes No Reintegrables (ANR) y Créditos a Tasa Bonificada destinados a estos programas “se otorgaron de forma arbitraria a determinados distritos y que, en muchos casos, no fueron utilizados para cumplir con los objetivos previstos”, sostuvo la Secretaría de Industria y Comercio en un comunicado.
Esas iniciativas, plasmadas en los decretos 915/2010 y 716/2020 apuntaban al “supuesto objetivo de financiar obras de infraestructura intra y extramuros en Parques Industriales Públicos a través del otorgamiento de ANR y Créditos a Tasa Bonificada”, agregó.
“A través de estos programas se otorgaron 309 ANR, de los cuales poco más de la mitad disponen de una rendición de cuentas”, remarcó la Secretaría, que planteó además que en su mayor parte “no tenían por destino promover el desarrollo de los parques industriales sino llevar adelante algunas obras, que en muchos casos no fueron realizadas y que poco tenían que ver con el fortalecimiento de las capacidades de los parques o de las empresas radicadas en ellos”.
Industria y Comercio aseveró que “gran parte de estos proyectos no fueron ejecutados ni rendidos en tiempo y forma, y en muchos casos fueron utilizados con fines políticos para favorecer a gobiernos amigos”, además de haber eximido a muchos parques de “la contraparte que debían aportar mediante la aprobación de obras con enfoque de género”.
