El lobbista Guillermo García, director de Relaciones Institucionales del grupo cerealero Bunge, decidió ocultar los casos positivos de COVID-19 en la empresa y también tapar la muerte de un trabajador transportista que falleció aplastado en una celda de descargas de cereales ocurrida durante el mes de junio.
Según publicó el medio Gestión Sindical, el empresario maneja importantes redes relacionadas a lo mediático y lo judicial para tapar las causas y en el caso de que se difundieran y llegaran a la Justicia, estancarlas y para más adelante, poder relegarlas a un costado.
El transportista fallecido se llamaba Alejandro Campero, tenía 40 años y murió una madrugada de junio cuando iniciaba la descarga de su rodado en la playa del Complejo Bunge de Puerto General San Martín, en las afueras de Rosario.
El motivo de su fallecimiento, según relató un encargado de seguridad, se dio porque el vehículo se habría deslizado para atrás provocando el aplastamiento y posterior fallecimiento del trabajador.
De esta manera, el hecho no trascendió en los grandes medios de comunicación y el responsable de haber operado para que el hecho no se visibilizara fue Guillermo García.
No obstante, los trabajadores del complejo cerealero denunciaron el hecho y también el incumplimiento de los protocolos sanitarios por COVID-19 por parte de la empresa que desencadenó en una serie de contagios positivos que, al igual que la noticia del trabajador fallecido, el hecho tampoco cobró dimensión en los grandes medios de comunicación.
La misma reconoció apenas cinco casos positivos, pero los trabajadores habrían denunciado mayor cantidad de casos.
En esa línea, tampoco trascendieron mucho los cinco contagios en otras dos plantas de la empresa: dos operarios del establecimiento en San Nicolás, y los restantes tres en Ramallo.
Lo llamativo de los casos de Ramallo es que no figuraron en el parte oficial de ese municipio del norte bonaerense e informaron que los estudios fueron realizados por la propia empresa en un laboratorio de Rosario.
Y como si fuera poco, además del ocultamiento de los casos, este año el fiscal federal Carlos Stornelli, insospechado de ser oficialista, se encuentra llevando adelante una denuncia que involucra a su persona por evasión.
No es caso nuevo para García una denuncia de estas características, ya que la AFIP acusó al gigante agroexportador de haber hecho lo mismo entre 2006 y 2007, por alrededor de u$s 100 millones de aquel momento.
El cargo formal –como se dijo- es director de Relaciones Institucionales. Pero la realidad es que se trata de una suerte ministro plenipotenciario y lobbista todo terreno.
