La Corte Suprema de la Nación ordenó que la jueza Ana María Figueroa deje su cargo en la Cámara de Casación. La resolución, tomada de forma unánime, ya fue comunicada al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Penal.
La decisión de los jueces del máximo tribunal fue en base a que el pasado 9 de agosto Figueroa había cumplido los 75 años de edad, límite de edad que fija la Constitución Nacional para el cese en las funciones de los jueces (art. 99 inciso 4).
Es importante recordar que, el pasado 8 de agosto, la Cámara Federal de Casación Penal había informado a la Presidencia de la Corte la situación en la que se encontraba la ex jueza Figueroa, quien se preparaba para pedir licencia extraordinaria por 30 días.
El respaldo de la decisión está en el artículo 99 inciso 4° tercer párrafo de la Constitución Nacional, que "dispone que 'un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años".
Tras cumplirse la edad, el Máximo Tribunal decidió no aprobar la resolución del propio Consejo de la Magistratura que establecía una suerte de prórroga en la función después de los 75 años de edad a la espera de una definición del Senado sobre un pedido de reválida.
“Al no prever la norma plazo de gracia alguno, el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida; de lo contrario, no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante”, dijeron los jueces del alto tribunal.
Figueroa esperaba un acuerdo del Senado para renovar su mandato por cinco años pero la oposición bloqueó tal posibilidad con el argumento de que es una “jueza kirchnerista” y que su reválida eran un objetivo de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para “garantizar su impunidad”.
Figueroa debía votar en las Causas Los Sauces y Hotesur, en los que la vicepresidenta fue sobreseída por un tribunal oral pero la medida fue apelada ante la Casación.
“Este Tribunal es competente para producir aquellos actos de gobierno que, como cabeza de poder y órgano supremo de la organización judicial argentina, fuesen necesarios para garantizar la investidura de los jueces, incluido el juicio sobre la existencia de dicha investidura, en la medida en que ella ineludiblemente lo requiera”, resume el fallo.
