La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires Juliana di Tullio se presentó ante la Justicia Federal para constituirse como Amicus Curiae de la medida cautelar presentada por el abogado querellante Pablo Llonto de la megacausa ESMA.
En los últimos días se dio a conocer la noticia de una orden de traslado del Archivo General de la Armada Argentina que habilita la selección y trituración de información allí reservada durante los últimos 150 años. Entre los documentos se encuentran legajos personales, partes informativos, memorias anuales, expedientes de “Justicia Militar”, “documentación histórica” sin especificar, y partidas de nacimiento, casamiento y defunción.
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“El intento de triturar 100 años de un plumazo alarma a nuestra sociedad y puede obstaculizar las investigaciones judiciales vigentes”, señaló Di Tullio.
Además, según planteó la funcionaria, “esta decisión podría comprometer documentos vinculados no solo a la última dictadura militar, sino también a las causas del hundimiento del Submarino ARA San Juan o al espionaje ilegal practicado a los familiares de las víctimas”. Es que la senadora sostiene en su escrito que uno de los destinatarios de la orden de traslado es el contralmirante Enrique Antonio Balbi, quien ofició como “Vocero” de la Armada Argentina durante la crisis político-militar derivada del hundimiento del Submarino ARA San Juan.
Según la Corte Suprema de Justicia, el Amicus Curiae (“amigo del tribunal”) es un instrumento que tiene por objetivo permitir la participación ciudadana en la administración de justicia en causas de trascendencia colectiva a fin de resguardar el más amplio debate como garantía esencial del sistema republicano democrático.
"Como integrante del Senado, órgano constitucional responsable de ejercer el control civil sobre las Fuerzas Armadas, me constituyo como “amiga del tribunal” resguardando así el más amplio debate sobre el asunto", expresó.
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La decisión de la Armada sobre documentación sensible
De acuerdo a la nticia que publicó Página/12, la cúpula de la Marina dispuso, a través de una resolución reservada, la mudanza del Archivo General de la Armada del edificio ubicado en Bolívar 1622 al Garage Central, situado en Retiro.
Entre la información que almacena hay legajos de militares, legajos de personal civil, legajos de conscriptos, libros de navegación, partes de personal, memorias anuales, partidas de matrimonio, certificados de nacimiento y defunción, partes de viaje, historias clínicas del Hospital Naval Río Santiago y del Hospital Naval Pedro Mallo, expedientes de la justicia militar, manuales y reglamentos derogados y boletines navales.
Ante la alerta de que se pierda material sensible, vinculado a las investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, hubo distintos abogados y organismos de DD.HH. que se presentaron ante la Justicia, entre ellos Pablo Llonto, la exdiputada del FIT Myriam Bregman, el CELS e H.I.J.O.S Capital.