A través de dos decretos publicados este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno declaró la emergencia ferroviaria para los servicios de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional. La normativa que lleva la firma del presidente, Javier Milei, se dio a conocer esta madrugada luego de que los senadores aprueben la Ley de Bases que incluye entre las empresas a concesionar o privatizar a Trenes Argentinos Operaciones (Sofse) y Trenes Argentinos Cargas (TAC).
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Entre los principales puntos de la medida, se le exige a las empresas ferroviarias que presenten una propuesta de medidas urgentes para garantizar la seguridad operativa de los servicios. Además, según el Decreto 525/2024, se le otorgarán "facilidades" para la importación de repuestos y materiales necesarios para la realización de tareas de mantenimiento y mejoras en la seguridad operativa ferroviaria.
La medida, que había sido anunciada hace aproximadamente un mes, tras el brutal accidente ferroviario en Palermo, finalmente fue oficializada este jueves luego de que el senado apruebe la privatización de seis empresas públicas. Vale destacar que originalmente, el listado incluía en total 41 de gestión estatal. Así, Agua y Saneamientos Argentinos S.A, Sociedad Operadora Ferroviaraia SE (SOFSE), Corredores Viales SA, Energía y Argentina SA e Intercango SAU, podrán ser sujetas a concesión o privatización.
Esto surge como respuesta al choque que se produjo entre una formación de la Línea San Martín y un coche furgón vacío sobre el viaducto Palermo ubicado a la altura de la avenida Alcorta, la cual puso de manifiesto los efectos del recorte presupuestario que enfrenta el sector desde el inicio del Gobierno libertario, situación que fue denunciada por el titular del sindicato de maquinistas, Omar Maturano, quien había asegurado que trabajaban "sin señalamiento" por la ausencia del Estado.
Según el informe del presidente de SOFSE, la reducción de financiamiento en términos reales había sido superior al 60% para gastos operativos y de un 92% en términos de infraestructura. En este marco, el Gobierno había anunciado que la emergencia sería un mecanismo que facilitaría las contrataciones y obras de emergencia para asegurar la seguridad operativa de los servicios ferroviarios.
Emergencia Ferroviaria: Los detalles
Este jueves, el Ejecutivo dispuso a través del decreto de necesidad y urgencia 525/2024 la emergencia ferroviaria, la cual dispone serie de medidas para abordar la situación. "La emergencia pública que tiene como objetivo abordar estos problemas de manera urgente y garantizar la seguridad de los servicios ferroviarios", se lee en el texto oficial.
El decreto designa como autoridad de aplicación de la emergencia ferroviaria a la Secretaría de Transporte. Esta tendrá la responsabilidad de elaborar un plan de acción, dentro del término de los 15 días, con las medidas "indispensables y urgentes" que "resguarden la seguridad operativa de la prestación del servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros" en base a las propuestas que hagan las empresas ferroviarias.
De acuerdo al documento publicado en el Boletín Oficial, las empresas deberán "efectuar un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones, detallando una breve descripción de las mismas, plazo de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuente de financiamiento, condiciones de mantenimiento y seguridad".
Asimismo, tendrán que presentar "las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores mediante negociaciones con las representaciones sindicales con ámbito de actuación en el sector y demás cuestiones que se consideren pertinentes a los efectos de revertir la situación de emergencia".
La normativa que lleva la firma del presidente de la nación, habilita tanto a la Secretaría de Transporte como las empresas ferroviarias a dejar sin efecto los procedimientos de contratación que "no se encontrasen perfeccionados y las contrataciones que no tuvieran principio de ejecución, como así también disponer, por razones de emergencia, la renegociación o, en su caso, rescisión de los contratos de cualquier tipo, dentro de las pautas establecidas por el presente decreto".
Por otro lado, establece que un monto adicional de $1.293.780.000.000 destinado al "fortalecimiento del sistema ferroviario nacional". Además, imputa al presupuesto nacional $350 mil millones adicionales a ser destinados al sistema ferroviario durante el 2024.
Otro de los puntos importantes esta incluido en el artículo 5 donde ordena a la AFIP facilitar el trámite aduanero de repuestos e insumos necesarios para "la realización de tareas de mantenimiento y mejoras en la seguridad operativa ferroviaria".
Qué dice el decreto reglamentario 526/2024
Seguido al DNU 525/24, el Gobierno publico el decreto reglamentario 526/2024, el cual contiene distintas disposiciones que básicamente comienzan a despejar el terreno para que Javier Milei pueda avanzar con sus políticas de privatización.
Esta normativa, faculta a las empresas ferroviarias a dejar sin efecto por razones de “fuerza mayor” cualquier procedimiento de contratación y renegociar cualquier contrato. Esto permitiría dar de baja en forma definitiva toda clase de compras y obras pendientes, desde las inversiones en infraestructura que cuentan con financiamiento internacional, hasta la compra de coches y locomotoras. Lo mismo que con las adquisiciones vinculadas con los gastos corrientes, como licitaciones para la compra de repuestos.
Asimismo, instruye a Trenes Argentinos Operaciones a diseñar "un plan de adecuación de frecuencias y/o servicios de transporte urbano, regional y/o de larga distancia acorde a los términos de la emergencia declarada". Además, habilita "actos transaccionales y/o compensaciones" en el cierre de los contratos de concesión de cargas de NCA, Ferrosur y FEPSA.
Por otro lado, en el octavo artículo, declara sujetas a revisión todas las normas y procesos en materia de mantenimiento y seguridad en el sistema ferroviario. En tanto en el artículo siguiente, faculta a las empresas a realizar las "acciones conducentes para atraer inversiones, fomentar la participación de terceros y suscribir los contratos necesarios para formalizar las mismas, sean públicos o privados, en la operación de los servicios de transporte y en la gestión de la infraestructura".
Finalmente, ordena a Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), en coordinación con las autoridades de Transporte a proponer "acciones para la reorganización empresarial que resulten pertinentes a los efectos de revertir la situación de emergencia declarada".
