La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió el rechazo al amparo presentado por el senador Luis Juez para que se le adjudique una banca en el Consejo de la Magistratura en lugar del oficialista Martín Doñate. La ex mandataria denunció "el desajuste institucional producido" por el fallo de la Corte que modificó el funcionamiento y la integración del Consejo al reponer una ley derogada hace 15 años.
"El principio de separación de poderes y el necesario respeto por parte de los tribunales de los límites constitucionales y legales que su competencia les impone, determina que la función de los jueces no alcance a interferir con el ejercicio de facultades que les son privativas a otros poderes", expresó en la petición que realizó la presidenta del Senado a través de la directora de Asuntos Jurídicos y apoderada de la Presidencia del Senado, Graciana Peñafort.
El escrito apuntó que el fallo que restableció una ley derogada hace más de 15 años "ha conducido no sólo a profundizar un contexto de caos y falta de claridad respecto de su aplicación al caso concreto, sino también a una virtual paralización institucional y una pretensa judicialización intensiva de todos aquellos actos legítimos emanados del Poder Legislativo".
En ese contexto, dejó traslucir que la designación de los representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura es una cuestión política, ajena al control de los jueces. "De lo contrario, se haría manifiesta la invasión del campo de las potestades propias de las demás autoridades de la Nación", insistió.
Sobre el reclamo de Juez y de su colega Humberto Schiavoni, el escrito sostiene que "la pretensión de los amparistas tiene por objetivo condicionar y determinar la conformación y representación política de los integrantes del Consejo de la Magistratura".
En el escrito, la letrada cuestionó el doble rol del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien al mismo tiempo es titular del Consejo, gracias a un fallo que él mismo firmó.
"Entendiendo que el Consejo de la Magistratura entre sus principales competencias administrar el Poder Judicial, la intervención que este habilite – eventualmente – en pretensiones (como las de Juez), amén de resultar manifiestamente inviables, debe ser también atendida con especial precaución en relación con los principios de imparcialidad y debido proceso frente a un conflicto", subrayó.
La letrada consideró "inviable la procedencia de la acción excepcional intentada por los senadores Juez y Schiavoni. Se destaca en primer lugar la ausencia de argumentos de fondo, la pretensa extensión de pronunciamientos inaplicables a los hechos y la palmaria inviabilidad de la vía elegida", subrayó.
Los senadores opositores "pretenden la intervención del Poder Judicial a efectos de nulificar, intervenir y condicionar la labor legislativa de acuerdo a la interpretación extensiva que pretenden respecto de una sentencia que no resulta extrapolable", argumentó.
