Un poco de historia. Fue el 19 de febrero de 1998, cuando en aquél entonces el presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem firmó el decreto que le adjudicó a Siemens IT Services SA (Sitsa), una subsidiaria de la multinacional, la confección de documentos de identidad y pasaportes por seis años. El contrato fue firmado poro por 600 millones de dólares. No obstante, el mismo se extendió y ascendió a 1200 millones.
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Desde el inicio, dicho contrato estuvo bajo sospecha, motivo por el que se realizaron investigaciones. Fue en 2008, que la propia Siemens confesó conductas delictivas en distintas partes del mundo, entre las que reconoció haber pagado más de 105 millones de dólares en coimas a funcionarios.
Ahora, la Corte Suprema de Justicia, la garante final de la impunidad selectiva, ratificó el cierre de la investigación por coimas que pagó la multinacional alemana durante los 90.
Dicho fallo protege al fallecido exmandatario Carlos Menem, uno de los apuntados en la causa por ser quien recibía los sobornos. Sin embargo, en el trasfondo hay un verdadero beneficiado en la causa que es, ni más ni menos, el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. ¿Por qué?
Lo cierto es que el fallo además prohíbe la posibilidad de investigar si uno de los beneficiados en ese entramado corrupto de los 90 fue SOCMA, el grupo empresario de la familia del expresidente Macri.
Una de las empresas de SOCMA, Itron, buscaba alcanzar el contrato por los DNI. Sin embargo, fue vendida a Siemens. Mientras que Correo Argentino S.A. (empresa de la familia Macri), se volvió el socio de la multinacional alemana para la distribución de los DNI.
Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti coincidieron en rechazar en un párrafo un planteo de la Procuración de Investigaciones Administrativa (PIA) para que fueran llamados a indagatoria Carlos Saúl Menem-el pedido fue realizado previo a su muerte- su ministro del Interior, Carlos Corach, y el extitular de Migraciones, Hugo Franco.
El juez de la Corte, Carlos Rosenkrantz en el último acuerdo del tribunal, escribió: “La propia empresa, en el marco de la firma de un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la U.S. Security and Exchange Commission (SEC), reconoció haber cometido a través de su filial argentina el hecho investigado, y se obligó al pago de una multa de 800 millones de dólares, comprensiva de esa y otras prácticas corruptas también admitidas”.
En dicho entonces, el juez Lijo llevó la causa en el país y, el 23 de diciembre de 2013, procesó a un grupo de empresarios argentinos y extranjeros de la multinacional alemana basándose en el reconocimiento de ellos mismos ante una fiscalía de Munich sobre el pago de coimas.
Cabe señalar que el gobierno de Menem puso una condición para la obtención del proyecto. La condición era que Siemens realizara un contrato Call-Put-Option con el grupo Macri, y comprara el 60% de las acciones de Itron. No obstante, el juez Lijo concluyó que “existió un segundo acuerdo entre los empresarios de la multinacional alemana y aquéllos pertenecientes a Socma Americana S.A. titular del 100 % de las acciones de Itron), para que la firma Itrón –competidora en la licitación–, no impugne la irregular adjudicación de Siemens It Services. (…) Ese segundo acuerdo derivó en que Siemens It Services S.A., incorpore como subcontratista a una empresa del mismo grupo económico –Socma Americana S.A.– a través de la sustitución de la empresa Mailfast S.A. por Correo Argentino S.A. para la distribución de los DNI”.
Lo cierto es que Itron fue vendida a Siemmens por unos 46 millones de dólares por el 60% de su paquete accionario. Más tarde, el 40% restante fue vendido por seis millones de la moneda estadounidense. Lo que parece inexplicable la diferencia.
De todos modos, la causa, según el máximo tribunal de justicia, está “archivada” lo que significa que no hay sentencia definitiva y no le corresponde intervenir.
