Avanza la investigación por la estafa cripto: piden secuestrar los teléfonos de Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni

La petición realizada por el abogado Gregorio Dalbón ya está en manos del fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación sobre el escándalo cripto.

Miércoles, 26 de febrero de 2025 a las 11 01
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Por Thomas Dos Reis

Miércoles, 26 de febrero de 2025 a las 11:01
Avanza la investigación por la estafa cripto: piden secuestrar los teléfonos de Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni Avanza la investigación por la estafa cripto: piden secuestrar los teléfonos de Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni

La estafa cripto que promocionó el presidente Javier Milei sumó un nuevo episodio que encendió las alarmas en la Casa Rosada. Es que la Justicia recibió una solicitud para ampliar la investigación sobre el denominado CriptoGate. La presentación, hecha por el abogado Gregorio Dalbón, pide el secuestro de los teléfonos celulares del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Según detalla la solicitud, se requieren pericias sobre comunicaciones y archivos digitales. La petición ya está en manos del fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación sobre el escándalo cripto.

En detalle, Dalbón solicitó a Taiano el secuestro de los dispositivos de los funcionarios "a los fines de realizar un peritaje integral sobre las comunicaciones, aplicaciones y archivos digitales que puedan guardar relación con los hechos investigados”.

“En atención a la gravedad institucional del caso, se solicita que se arbitren los medios necesarios para asegurar la correcta cadena de custodia de los elementos secuestrados”, requirió el letrado.

En argumentos del pedido, el abogado solicitó la medida junto a prueba quepermite sostener que Karina Milei ha mantenido diversas reuniones con Mauricio Novelli, uno de los principales involucrados en la maniobra investigada”. Además, Dalbón advirtió que en los últimos días, trascendieron conversaciones de Hayden Davis en las cuales afirmó "controlar a Javier Milei mediante el pago de sobornos a Karina Milei".

La presentación fue hecha ante el fiscal Taiano, quién tiene delegada la investigación que involucra al Presidente y asesores criptos por lo ocurrido el pasado viernes 14 de febrero, cuando Milei utilizó sus redes sociales para promocionar el proyecto $LIBRA. El funcionario de la Justicia analiza posibles delitos por abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa y cohecho y también involucra a Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.

 

 

La Justicia federal imputó a Javier Milei por estafa en el marco del CriptoGate

El fiscal federal Eduardo Taiano imputó formalmente al Presidente Javier Milei por negociaciones incompatibles con la función pública, estafa y delitos contra el orden financiero en el marco de la causa denominada CriptoGate.

La decisión del funcionario de la Justicia fue tomada en base a la denuncia presentada por el dirigente Juan Grabois junto al diputado Itai Hagman, entre otras denuncias presentadas la semana pasada luego de la creación y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que dejó cientos de damnificados.

El Ministerio Público consideró que hay elementos suficientes para dar inicio a una investigación que tiene como principal sospechoso al Presidente.

El expediente, que analiza posibles delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho, también involucra a Hayden Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.

Luego de que se ratificaran las denuncias en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, la jueza María Servini delegó la causa en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Taiano.

En ese sentido, se amplió la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal, con el propósito de preservar y recuperar evidencia clave. A la vez, ordenó una serie de medidas de prueba, entre ellas un pedido de informes al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, a la Inspección General de Justicia (IGJ), y a empresas como Google.

 

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