Por Cynthia García y Pablo Di Pierri
Con una mezcla de elegancia y camuflaje, la jueza María Eugenia Capuchetti delegó la investigación sobre los vínculos de Fernando Sabag Montiel, el agresor que gatilló contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, con el aprendiz de carpintero por Youtube, sus financistas de la familia Caputo y la posible ligazón con el diputado macrista Gerardo Milman. Acorralada por el pedido de recusación de la querella, Capuchetti primero rechazó pero luego se apartó para dejarle la responsabilidad al fiscal Carlos Rívolo.
La podredumbre salta a la vista no sólo por las declaraciones de la magistrada, que alegó que su imparcialidad "fue puesta en tela de juicio", sino también porque el Poder Judicial y las corporaciones mediáticas, por caso la tapa del diario La Nación esta mañana, invierten la carga de la prueba. Como argumento, dicen los guardianes de la Tribuna de Doctrina que la jueza "había sido criticada por Cristina", y el título principal reza así: "Por presiones de Cristina, la jueza dejó la investigación del atentado". La infamia no tiene límites.
Para colmo, el pedido de recusación de la Vicepresidenta contra la jueza tramita ante la Cámara Federal, más precisamente en el tribunal compuesto por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, los dos togados colocados a dedo por Mauricio Macri y su partenaire de partidos de paddle en Olivos.
Más acá de la independencia de la Justicia tantas veces blandida por la derecha pero invariablemente mancillada, el apartamiento de la jueza es una maniobra para mitigar su escandalosa inacción en la causa, como así también la del propio fiscal Rívolo. Porque, hasta acá, las revelaciones más importantes de la investigación provinieron del trabajo de uno de los abogados de la ex Presidenta, el letrado José Manuel Ubeira.
Sin ir más lejos, hace 48 horas trascendió que Nicolás Carrizo, uno de los integrantes de la banda que perpetró el intento de magnicidio, se despachó con una serie de mensajes de WhatsApp a sus contactos haciéndose cargo de la organización del hecho la misma noche del atentado, minutos después de que ocurriera. En esas conversaciones, el imputado dice que se va a "borrar", admite que el arma de Sabag Montiel era suya y especula que la situación se presentará complicada en su contra. Sin embargo, la jueza no siguió esa pista.
Lo mismo ocurrió con la presencia de Milman en el restaurante Casa Blanca, cuando según un testigo habría dicho que cuando mataran a la Vicepresidenta él se encontraría camino a la Costa Atlántica. Capuchetti dijo que, habiendo peritado las imágenes de los videos del restaurante, no detectaba la presencia del legislador en la fecha señalada. Tuvo que hacer el visionado el propio Ubeira para que saltara la verdad. A esta altura, no queda otra que decir que la jueza es vaga o encubridora.
El autodesplazamiento de Capuchetti no da para ilusionarse demasiado frente a tribunales esculpidos por el lawfare pero, al menos, constituye una hendija por donde se filtra un haz de luz. Frente a un sistema judicial que despliega su estrategia para mantener a la líder del Frente de Todos como acusada, la ex Presidenta tampoco se queda sentada en el banquillo de la víctima: a escasos días de la partida de Hebe de Bonafini, Cristina Kirchner persiste en una lucha sin cuartel contra los mismos actores sociales que brindaron sustento jurídico al terrorismo de estado.
Pueden mutar las formas o el territorio pero los dueños de todo reinventan las condiciones para preservar sus privilegios, sea con dictaduras militares, linchamientos mediáticos o persecuciones judiciales. Su anhelo de una Argentina sin peronismo exige la rendición de Cristina y la dispersión popular. Hasta ahora, jamás pudieron.
