No es que sea novedoso sino que su sistemática repetición puede que haya curtido la epidermis pública con cierta indiferencia. El canal La Nación +, propiedad del emporio periodístico de los herederos de Bartolomé Mitre y sus socios actuales, se convirtió nuevamente en el escenario de una diatriba feroz contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y su hija, Florencia.
Protagonizados por las comunicadoras Viviana Canosa y Laura Di Marco, esos minutos de aire fueron ofensivos con la líder política y su familia. Por propiedad transitiva, hirieron la susceptibilidad de sus seguidores y militantes. Básicamente, responsabilizaron a la madre por la salud de su hija y diagnosticaron, con irresponsabilidad y desprecio, sobre una esfera que ignoran.
En términos periodísticos, lo que Canosa y Di Marco hicieron ni siquiera respeta el Manual de Estilo de La Nación, en su capítulo sobre principios éticos y conducta profesional. Y aun así, podría desdramatizarse -con el objetivo de profundizar el análisis- diciendo que ambas funcionan como un engranaje más dentro de un dispositivo ideológico: el problema, debe aclararse, no es personal sino político.
Y en términos políticos, hay muchísima tela para cortar. Primero, porque la libertad de expresión, por los pactos internacionales a los que Argentina suscribió y a los que le dio rango constitucional con la reforma de 1994, está sujeta a responsabilidades ulteriores. Es decir, cada cual puede decir lo que quiere pero es responsable de lo que dice.
Ya en segundo lugar, es preciso advertir que, más allá del reproche a las periodistas, hay una construcción sistemática de discurso odiante. Se está generando un modelo comunicacional que construye odio y eso supera cualquier planteo acerca de opciones políticas. Es es otra cosa: opera corriendo la vara democrática y es muy peligroso.
Sin embargo, ya lo dijo la mismísima ex Presidenta en su primera aparición pública tras el atentado que sufriera el 1º de septiembre pasado. Una semana después de esa fecha fatídica, rodeada de curas y religiosas en el Senado, repasó la historia argentina y los ataques a quienes representaron los intereses populares. Se detuvo en el atentado contra Hipólito Yrigoyen, antes de su derrocamiento en 1930, para enfatizar que el odio no distingue banderas partidarias ni etapas del desarrollo nacional: el odio es una herramienta de articulación política de las clases dominantes para aceitar la subordinación económica de los trabajadores y activar despliegues represivos o matanzas cada vez que haya conatos de resistencia o avance plebeyo en las políticas públicas.
Incluso, esa tarde Cristina mencionó que no hacen falta más leyes para "regular" o "penar" los discursos de odio. "Las leyes están y hay que hacerlas cumplir", dijo. En ese sentido, un especialista en derecho a la comunicación le decía ayer a La García que la instigación al delito está tipificada en el Código Penal.
La pregunta que hay que hacerse, para desmadejar este ovillo agobiante, es qué es lo que permite que los discursos violentos de estos grupos minoritarios, como el de Fernando Sabag Montiel en su momento o Canosa, tengan horas de aire y cobertura.
El profesor Eduardo Rinesi escribió recientemente un artículo para la revista Realidad en Aumento y allí advirtió que la expresión discurso de odio coloca ese abominable sentimiento como causa las acciones condenables y despista sobre la búsqueda de la naturaleza política de los hechos.
Así, postula con tono provocador que ya en los tiempos de Roma había copitos que hacían atentados. Eso y no otra cosa fue el crimen de Bruto y Casio contra Julio César. Entonces, concluye Rinesi que el odio que se cultiva contra los dirigentes populares hay que rastrearlo mejor. Puntualmente, alega: "No es que haya en nuestras sociedades ninguna 'espiral de odio' ni ninguna matriz cultural de intolerancia que los odiadores se limiten a 'expresar'. Y por supuesto que no porque sean, los odiados, 'corruptos'. Los odian y los persiguen porque odian al pueblo cuyos anhelos de libertad y de igualdad esos líderes expresan, y porque quieren que las cosas vuelvan a su cauce y que no vuelvan a salirse de él".
El riesgo frente a Canosa, Di Marco, La Nación + o quien sea es que, por quedarse discutiendo el odio y sus regulaciones, el campo popular renuncie a la política.
