Fuerzas de la policía del Brasil empezaron desde primera hora a desmantelar el campamento instalado por adherentes del expresidente Jair Bolsonaro frente al cuartel general del Ejército, tras una orden emitida por el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Alexandre de Moraes.
Imágenes reproducidas por el portal de noticias G1 mostraban personas cargando carpas y bolsos, varios de ellos con remeras amarillas e inscripciones de apoyo al ex mandatario ultraderechista, mientras dejaban el lugar, luego que De Moraes diera un plazo de 24 horas para cumplir la orden.
El ministro del STF prohibió además, y hasta finales de enero, la entrada de camiones o autobuses con manifestantes en el Distrito Federal de Brasil y liberar todas las rutas, los edificios públicos estatales y federales en todo el territorio del país.
El domingo, miles de bolsonaristas que se niegan a aceptar la derrota de su líder en las últimas elecciones presidenciales invadieron las sedes del Congreso Nacional, la Presidencia y la corte suprema, reclamando una intervención militar para derrocar al Gobierno electo que asumió sus funciones el 1 de enero.
Los asaltantes violentaron las barricadas de seguridad, rompieron puertas y ventanas y ocuparon parte del edificio y los techos del Palacio de Planalto, sede del poder ejecutivo.
Anoche, la policía consiguió retomar el control de los edificios. Al menos 400 personas fueron detenidas, según la Policía Civil del Distrito Federal.
Desplazan al gobernador de Brasilia
El juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes ha apartado durante 90 días al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, por haber sido presuntamente conocedor del intento de golpe de Estado a las instituciones por parte de los fanáticos del derrotado ex presidente Jair Bolsonaro, de quien Rocha es un aliado. Anteriormente, Lula había decretado la intervención del distrito federal en el área de seguridad, por los claros indicios de complicidad de las fuerzas policiales locales con los extremistas.
Moraes ha tomado esta decisión durante la madrugada del lunes (hora local), tras la petición de un senador --Randolfe Rodrigues, del PT-- y de la Fiscalía General de la República, considerando que los manifestantes contaron con la aprobación del gobierno de Brasilia para llevar a cabo los actos, según ha informado G1.
