El Gobierno prepara una estocada para entorpecer la búsqueda de los niños y las niñas robados durante la dictadura. Pretende, a través de un decreto, retirarle las facultades a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para investigar los casos de apropiación y acceder a los archivos en poder del Estado. “Es un agravio enorme para todo el pueblo argentino que el gobierno quiera poner palos en la rueda a la búsqueda de los nietos. Es jugar con un dolor y una lucha tan grande. Espero una reacción como sucedió con el fallo del 2x1”, dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
La Conadi funciona dentro de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Fue creada en 1992 –durante el gobierno de Carlos Menem, a quien el presidente Javier Milei califica como “prócer”. La conformación del organismo fue una forma de dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, que --a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo, reconoció el derecho a la identidad.
En 2001, se aprobó una ley --la 25.457-- para consolidar su existencia y el compromiso del Estado argentino con la búsqueda de los hijos e hijas de los desaparecidos que fueron sustraídos durante los años del terrorismo de Estado. Allí se estableció que, entre sus funciones, estaba la de requerirle asistencia al Banco Nacional de Datos Genéticos --cuya creación se aprobó durante la presidencia de Raúl Alfonsín--, ordenarle la realización de análisis y solicitarle información sobre sus archivos.
En 2004, Néstor Kirchner firmó el decreto 715 a través del cual se estableció una unidad de investigación dentro de la Conadi y se la facultó para acceder a todos los archivos estatales –desde los de Presidencia, Jefatura de Gabinete hasta los de las Fuerzas Armadas. La Conadi trabajó sin restricciones durante estos años, incluso durante el gobierno de Cambiemos.
La Conadi recibe información --de manera confidencial-- de quienes tienen datos de un caso de apropiación y también atiende las consultas de las personas que dudan acerca de su origen. En un 90 por ciento de los casos es la que determina qué casos serán analizados por el BNDG.
Un decreto en marcha
En las últimas horas trascendió un proyecto –confeccionado desde el Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona– para derogar el decreto de Kirchner. De esa forma, la Conadi no podría conducir investigaciones –que después informa al Ministerio Público o al Poder Judicial– ni acceder a los archivos del Estado. La redacción del proyecto, fechado el 12 de junio, habría estado a cargo de María Florencia Zicavo, jefa de asesores de Cúneo Libarona.
El argumento central que da el gobierno para desmantelar la Conadi es que desde el Poder Ejecutivo no se pueden llevar adelante investigaciones, que, en todo caso, son una competencia de los fiscales. En realidad, como respondieron desde Abuelas de Plaza de Mayo, si se siguiera ese criterio, no podría actuar la Oficina Anticorrupción (OA) ni podría haber actuado la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada el 15 de diciembre de 1983. Tampoco podría hacerlo la Unidad de Información Financiera (UIF), que judicializa sus hallazgos.
Si la Conadi pierde la capacidad de investigar, Abuelas debería judicializar todas las denuncias que tiene con datos de personas que podrían haber sido apropiadas. En total, son unas 7.000 presentaciones que debería hacer ante los tribunales o la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante). Eso implicaría una saturación del sistema de justicia.
Con la versión original de la ley Bases, el gobierno quedaba facultado para eliminar el BNDG, lo que generó la reacción de distintos bloques –incluida la Unión Cívica Radical (UCR). Después de eso, se tomó la decisión de listarlo dentro de los organismos que no pueden ser borrados de un decretazo.
“Precisamente por esto advertimos en el Congreso con Estela qué podía pasar con las facultades extraordinarias delegadas y la reforma del Estado. Por ahora se salva el BNDG pero la Conadi al ser dejada afuera, no”, dice Guillermo Pérez Roisinblit, uno de los nietos que estuvo este jueves en comunicación con distintos diputados y diputadas para expresarles su alarma ante la movida que está pergeñando la administración de La Libertad Avanza (LLA). Una de las que planteó su preocupación en el recinto fue Cecilia Moreau.
Los cálculos indican que el gobierno está esperando cosechar su primera victoria legislativa para avanzar con la agenda negacionista que impulsan, sobre todo, los sectores referenciados en la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Este proyecto de decreto pretende eliminar un área clave del Estado y es un anticipo de lo que venimos advirtiendo respecto de las implicancias negativas de la ley Bases, que otorgaría amplias facultades al Poder Ejecutivo para disolver unilateralmente organismos que fueron creados por ley. Resulta un ejemplo cabal de las medidas regresivas que se impulsan desde el gobierno”, advirtieron desde el organismo fundado en 1977.
“Estoy abrumada”, confiesa Estela. “No tengo palabras para expresar lo que siento frente a la intención que tiene el gobierno de dejar sin efecto la búsqueda de los nietos. Con todos los gobiernos hemos tenido la ayuda necesaria. Con 93 años, tengo la fuerza suficiente para luchar contra esto porque es un duro golpe contra todo el pueblo argentino”, dice.
La estrategia general
El decreto que prepara el gobierno recepta los argumentos que esbozaron tanto desde el Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, como desde el Ministerio de Defensa, de Luis Petri, para no brindarle información a la Conadi. En el caso de Seguridad, la ministra firmó un domingo una resolución para evitar entregar 70 legajos que habían pedido desde la comisión. Argumentó que no tenía facultades para investigar y tildó a la oficina de “organismo militante”. Lo curioso es que Bullrich lo descubrió en esta gestión porque no lo había advertido cuando fue ministra de Mauricio Macri. Petri, por su lado, fue el primero en negar el acceso a documentos. En su cartera hablaron de la protección de datos. En 32 años de existencia, remarcaron desde Abuelas, nunca se filtró información desde la Conadi.
“Vienen por todo. Ni en las leyes de Punto Final y Obediencia Debida se perdonó el robo de bebés. Creo que estamos ante un gobierno que quiere defender a la familia militar, a las personas que fueron apropiadas y no quieren saber su identidad. Quieren desalentar la búsqueda”, dice Horacio Pietragalla Corti, exsecretario de Derechos Humanos de la Nación y uno de los nietos que restituyó su identidad gracias a Abuelas.
El gobierno plantea que no hubo un plan sistemático de desaparición de personas. Milei habla de “excesos” en la represión. El 24 de marzo, difundió un video en el que se resucitaba la idea de que había un “curro” de los derechos humanos –latiguillo que instaló Macri en 2014. Bullrich dejó caer las recompensas para encontrar a los genocidas prófugos. Petri, por su lado, desmanteló los equipos que revisaban los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas de lesa humanidad. Y ahora avanzan con la búsqueda de los nietos.
“La lucha de las Abuelas es un blanco estratégico para el gobierno de Milei y Villarruel”, sostiene Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña y otra nieta encontrada por el organismo que preside Estela de Carlotto. “La prueba más brutal de la crueldad es la aparición de un nieto o de una nieta, y eso se logra a partir de lo que las Abuelas construyeron. Por eso es que quieren destruir las herramientas que permiten seguir encontrando vidas. No va a suceder. Cuántos más obstáculos nos pusieron, más caminos abrimos. Y así va a ser esta vez”.
