El Gobierno anunció este martes, a través de un decreto, el inicio del proceso de privatización de Intercargo, la empresa que presta servicio de rampas y traslado de equipajes en 21 aeropuertos del país. Ahora la Casa Rosada le colgó el cartel de venta. Busca desprenderse del 100% de sus acciones.
La medida que se publicó este martes en el Boletín Oficial y autoriza la venta total de la empresa, con un llamado a licitación pública nacional e internacional, se enmarca en la política de desregulación del mercado aerocomercial, que permite que empresas privadas también puedan brindar servicios de rampa en aeropuertos argentinos.
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Por ello, mediante el decreto 198/2025, el Ejecutivo autorizó “el procedimiento para la privatización total de Intercargo bajo la modalidad de venta de acciones, conforme lo establecido en el inciso 2) del artículo 17 de la Ley N° 23.696 y sus modificatorias”.
Entre sus considerandos, el gobierno apeló, una vez más, a su discurso sobre la eficiencia presupuestaria del Estado. En ese sentido, resaltó el costo que representó la empresa para el Estado: "A pesar de la participación de Intercargo S.A.U. en el mercado, entre 2020 y 2023 requirió asistencia financiera del Estado Nacional por un monto aproximado de $6.700.000.000, destinada a cubrir sus necesidades operativas y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad exigidos".
En el marco de la política de reducción del tamaño del Estado y del déficit fiscal, con el propósito de equilibrar las cuentas públicas, y en línea con lo establecido en el artículo 2° de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, el Estado Nacional dejó de brindar asistencia financiera a Intercargo desde principios de 2024.
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¿Qué implica la privatización de Intercargo?
El Ejecutivo argumenta que la empresa no está en condiciones de afrontar las inversiones necesarias para modernizar sus servicios sin apoyo financiero estatal. Esto implica la venta del 100% de las acciones de la empresa, dando inicio a una licitación pública de alcance nacional e internacional para transferir su titularidad.
El Ministerio de Economía será el responsable de llevar adelante el proceso de privatización, con la participación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.
Esta entidad tomará las medidas necesarias para concretar la venta de las acciones de al empresa estatal mediante una licitación pública internacional. Asimismo, el contrato de concesión vigente entre el Estado y la empresa será rescindido de común acuerdo antes de que se complete la transferencia de las acciones.
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La privatización busca:
- Incorporar capital privado para mejorar la infraestructura.
- Fomentar la competencia en el mercado aerocomercial.
- Garantizar una mayor calidad en la atención de las aerolíneas y pasajeros.
El proceso de privatización buscará asegurar que no haya interrupciones en la prestación del servicio de rampa, garantizando la continuidad de la conectividad nacional e internacional. De acuerdo al artículo tercero de la presente medida, asegura que la cartera que conduce Luis Caputo, “debe adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que la modalidad de privatización aquí dispuesta no afecte la continuidad de la prestación del servicio aeroportuario o de rampa, asegurando la conectividad nacional e internacional”.
