El Gobierno, A través de una resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dispuso la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), que posee sede social en la Ciudad de Buenos Aires y pertenece a la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.
La disposición, se hace efectiva a raíz de la intervención solicitada por el Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, en la que se determinó que desde el IEES se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar.
Del mismo modo, en la instrucción realizada por la IGJ, determinaron que, bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro como es el IEES, “se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar, en todo o en parte, acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata".
Por otro lado, desde el organismo informaron que detectaron irregularidades contables y administrativas, entre ellas “se verificó un crecimiento exponencial de los ingresos y egresos del IEES, pasando en pocos meses de no tener fondos para solventar los gastos corrientes, a recaudar más de 90 millones de pesos”.
En este sentido, informaron que el incremento de los ingresos “es coincidente con actividades políticas personales desplegadas por la precandidata a presidente de JxC, Patricia Bullrich. Los gastos corresponden a pagos de facturas telefónicas vinculadas a líneas que están registrados bajo el partido “Unión por la Libertad”.
A través de la resolución 742/2023, el ministro Justicia y Derechos Humanos Martín Soria, dispuso la intervención por 180 días hábiles de la asociación civil en los términos del artículo 10, inciso J, de la ley 22.315.
La causa “Inspección General de Justicia c/Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil s/Medidas Precautorias”, se tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 28.
Qué dice la Ley 22.315
La Ley 22.315 establece en su artículo 10 inciso J, que la IGJ podrá solicitar al Ministro de Justicia de la Nación la intervención de asociaciones civiles o fundaciones cuando se verifiquen actos graves que importen violación de la ley, si existen irregularidades no subsanables o no pueden cumplir su objeto, o cuando la medida resulta necesaria en resguardo del interés público, entre otros.
La Inspección General de Justicia es el organismo encargado de verificar la legalidad de los objetos sociales de las asociaciones civiles, autorizar su funcionamiento y realizar el control permanente de dichas entidades para evitar la indebida utilización de la persona jurídica registrada.
