En el marco de su política de ajuste para "achicar el Estado", el Gobierno disolvió cinco fondos, entre ellos el destinado a la Asistencia Directa a Víctimas de Trata. La medida se enmarca en el desamparo que el Gobierno está llevando a cabo sobre las mujeres.
El cierre del fondo se hizo efectivo mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1048/2024, que establece el cierre de los siguientes fondos: Para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), Para la Refinanciación Hipotecaria, Programa de Inversiones Estratégicas, Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata – Ley 26.364 y el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
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“Establécese que continuarán vigentes las obligaciones de los fiduciarios de los Fondos alcanzados por la presente medida, con el fin de asegurar la coordinación y producción de información, así como la ejecución de los actos relativos a la administración de la disolución y posterior liquidación”, especifica el decreto.
Mediante el decreto y bajo el amparo de la ley Bases que habilitó al Poder Ejecutivo a "modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos", el Gobierno avanzó en una nueva disolución de distintos fideicomisos bajo la excusa de que presentan "falencias" y "debilidades".
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El Gobierno disolvió el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dispusieron la disolución del Fondo Fiduciario Público denominado "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364", destinado a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.
Para justificar el dejar a la deriva a las víctimas de trata, en su gran mayoría mujeres, el gobierno libertario se basó en un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que advierte sobre "la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva del referido Fondo, entre otros".
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La justificación para implementar el recorte de los demás fondos
La SIGEN determinó que el FONDCE "tiene debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión".
También señaló que los recursos del Fondo "deben destinarse al otorgamiento de préstamos a emprendimientos y/o instituciones de capital emprendedor para el apoyo a proyectos de emprendedores; Aportes No Reembolsables (ANR) para emprendimientos, instituciones de capital emprendedor e instituciones que ofrezcan servicios de incubación o aceleración de empresas; aportes de capital en emprendimientos e instituciones de capital emprendedor; y otros instrumentos de financiamiento a determinar por la Autoridad de Aplicación".
Acerca del Programa de Inversiones Estratégicas, cuyo objetivo es invertir en sectores estratégicos, el documento oficial señaló que "no se han integrado los bienes al fideicomiso, por lo tanto, ante la falta de funcionamiento, no hay motivos que justifiquen su permanencia".
En el caso del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, la SIGEN detectó "la existencia de debilidades importantes respecto del desenvolvimiento del referido Fondo, así como demoras en la rendición de cuentas por parte del Fiduciario y en la contratación de auditores externos para la auditoría de los Estados Contables de los Ejercicios 2021, 2022 y 2023 y falta de una gestión activa de recupero de fondos en mora, entre otros".
Con relación al Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA), el Decreto señaló que "se ha completado el proceso de otorgamiento de la totalidad de las asistencias crediticias que resultaron elegibles de conformidad al Contrato de Préstamo celebrado con la Corporación Andina de Comercio (CAF)" y que, por ello, desde el 2020, el programa "no tiene actividad alguna en relación con desembolsos por realizar".
