Bajo sus órdenes, el fiscal de Estado de la Provincia Miguel Rivas, el ministro de Seguridad jujeño, Guillermo Corro y el procurador del distrito Sebastián Albesa, brindaron ayer detalles sobre los pertrechos jurídicos con los que pretenden encarcelar a todo lo que se mueva.
Según el diario El Tribuno de Jujuy, cuyo propietario es Rubén Rivarola, titular del Partido Justicialista y, a la sazón, socio de Morales en todas las tropelías, el fiscal Rivas anunció que “se va a pedir el embargo a cada uno de los responsables (aquí el oyente debe entender por la palabra responsable que se refiere a cada ciudadano que salga a la calle a protestar o cada paisano que asome su nariz por la ventana si están pateando a un manifestante en la puerta de su casa), se les van a reclamar los daños y perjuicios producidos al Estado provincial y la cifra estimada es de más de mil millones de pesos”.
En conferencia de prensa, Rivas consideró que las manifestaciones de la intergremial de docentes y municipales y los cortes de ruta protagonizados por los pueblos originarios que reclaman su derecho a habitar sus tierras ancestrales fueron “hechos planificados e ilícitos”, “delitos perpetrados por personas violentas, que están atacando el orden constitucional” y que “no se trata de hechos aislados”. “Son ejecutados y planeados por individuos violentos y organizaciones sociales y políticas”, expresó.
Por decisión del sultán Morales, los tres esbirros, Rivas, Corro y Abesa se dedicaron a sembrar el delirio y la mentira. Porque el Jujeñazo, que por supuesto no reniega de la importancia de las organizaciones políticas y la necesidad de que los actores sociales se aglutinen para defenderse de las injusticias o los crímenes de Estado, es la respuesta a un gobierno que troca todas las mañanas su legitimidad de origen, dado que fue votado en las urnas, por la lógica de un servicio penitenciario medieval.
La abogada que representa a las comunidades originarias, Marina Vilte, decía ayer que en Jujuy cambiaron los Falcon verdes por las Amarok y Hilux blancas. Es decir, los jujeños viven días similares a los de la última dictadura. Aún así, los cortes siguen y las medidas de fuerza se mantienen. El plan de lucha no terminó.
Según las oficinas gubernamentales que instrumentan la cacería, ya tienen más de 100 expedientes, 150 personas imputadas, y 5 de ellas sentenciadas con multas que pueden llegar a los 2 millones de pesos.
Si para muestra basta un botón, escuchen este relato que reconstruyó Juan Alonso para El Cohete a la Luna en una nota que se titula “La tortura infinita”:
“La familia Domínguez descansaba tranquila en su casa de San Salvador de Jujuy, cuando a la 1:30 de la madrugada del pasado 28 de junio, una patota de agentes de civil con armas largas irrumpió en su casa del barrio Coronel Arias. Allí esposaron a la familia, entre ellos a un joven de 18 años, Marcos, que ya había sido brutalmente golpeado por la Policía en la represión del 20 de junio y llevado detenido ilegalmente al penal de Alto Comedero, donde se lo torturó sumergiendo su cabeza en el agua con la técnica dictatorial del submarino. También esposaron a su novia de 17 años, su madre, su hermano autista y su papá con diabetes. El grupo de tareas con manda del gobernador Gerardo Morales hizo desnudar a todos los adultos delante de menores y apuntaron con un arma de fuego en la cabeza a un niño de 7 años”.
Continúa Alonso: “Antes de irse, uno de los policías —ninguno de ellos dio su nombre en el allanamiento sin orden judicial, bajo la excusa de la figura de la flagrancia— dejó caer en el piso una bolsita con pasta base. Con esa excusa, la Policía de Jujuy mantuvo 40 horas desaparecido a Marcos. La Policía de Morales torturó a toda la familia Domínguez, armó una causa por drogas en venganza, porque Marcos, quien es discapacitado motriz, denunció que fue víctima de torturas durante la represión. En el momento de ser apresado en la calle, su hermano autista también resultó brutalmente golpeado por los encapuchados de negro que andaban en camionetas de empresas privadas asociadas a Morales”.
Esta reflexión no es inspiradora ni busca la congoja edulcorada de nadie. Simplemente advierte que en Jujuy gobierna un carcelero para cuidar los intereses de los grupos económicos de siempre con los mismos métodos de Jorge Rafael Videla, como si 40 años de democracia no fueran nada.
*Por Cynthia García y Pablo Di Pierri
