En medio de la discusión sobre la movilidad jubilatoria, la Defensoría de la Tercera Edad dio a conocer que hay más de 5 millones de jubilados y pensionados que están bajo la línea de pobreza.
La jubilación mínima en agosto de este año fue de $225.497,54, muy por debajo de lo que necesita un jubilado para cubrir sus necesidades ya que según el informe, la canasta básica de un jubilado sería de $800.000 mensuales aproximadamente.
La situación es realmente crítica ya que ni siquiera con el bono de $70.000, que aumentaría el ingreso a $295.000 la entrada de dinero de los jubilados se acerca al monto necesario para cubrir sus necesidades básicas dentro de las que se encuentran los medicamentos que este grupo consume.
Además, según informó el organismo, alrededor de 500.000 personas cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y sus ingresos equivalen al 80% de la jubilación mínima. Por su parte, hay un millón de personas que perciben solamente $220.000 mensuales a través de las pensiones no contributivas.
Según informó Ámbito Financiero, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, aseguró que "la situación económica de los jubilados se observa en la malnutrición que sufren muchos de ellos" y afirmó que "entre el 80% y el 90% de los adultos mayores sufren de hipertensión y problemas de colesterol, pero sus jubilaciones les impiden acceder a los alimentos necesarios para cuidar su salud".
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Javier Milei ratificó el veto "total" a la nueva ley de movilidad jubilatoria: "Es perjudicial para los argentinos"
El presidente Javier Milei anunció este viernes que el veto a la nueva fórmula de aumento de las jubilaciones "será completo" y apuntó duramente contra los senadores: "Quieren romper este Gobierno".
"Será completo, total", sentenció el mandatario sobre la decisión tomada durante la noche del jueves, cuando se enteró que la Cámara Alta había convertido en ley la modificación en la manera de calcular los aumentos jubilatorios, misma sesión donde los senadores dieron marcha atrás con el incremento en sus sueldos.
Tras ratificar su decisión, el mandatario explicó que la aprobación del proyecto en el Senado es una “irresponsabilidad por parte del Congreso” y que “estaría condenando a los argentinos de cara al futuro”. Además, denunció que buscan “romper" su Gobierno.
“El daño que se está causando con esto es no menor, los irresponsables le han costado al país 370 mil millones de dólares y el hundimiento definitivo en la pobreza e indigencia a los jóvenes. Es un atentado directamente contra el bienestar de los argentinos presentes y futuros, es la ruina del país” , explicó Milei en declaraciones a LN+.
Ante la consulta de cómo sería el impacto del aumento las jubilaciones, el economista libertario sostuvo que "se paga con pobreza y menos crecimiento". En ese sentido, y en medio de una brutal recesión, planteó que “la única forma en que se sale de esto es con crecimiento económico y para crecer hay que invertir”. Lo dijo horas después de conocerse que el Gobierno publicó la reglamentación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
"Que expliciten a quién quieren que le cobremos impuestos, a quién quieren que le arruinemos la vida”, planteó el mandatario, respecto a los senadores que aprobaron la nueva ley de movilidad jubilatoria. “Quieren romper a este Gobierno porque si nos va bien estas ratas no vuelven más”, agregó.
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Sobre los gastos que hubiera generado la nueva ley de movilidad jubilatoria
En otro pasaje del reportaje, Milei sostuvo que la nueva ley de movilidad jubilatoria “implica 24 puntos del PBI”, algo que representa “toda la deuda externa que tiene la Argentina”. “Están condenando a los argentinos de cara al futuro”, señaló.
Este jueves, luego la sesión en el Senado y tal lo cual había anticipado el vocero presencial, Manuel Adorni, Milei reunió a su equipo económico y anunció el veto a través de un comunicado oficial. “Es una estafa moral”, alegó. En el texto difundido, además, se consideró que la ley tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno.
“En un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, se expresó.
El proyecto que se aprobó establece una actualización mensual con base en el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo. Además, incorpora una compensación extra —o “empalme”— del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Para evitar que la actualización de la canasta básica —que se efectiviza después del pago de los haberes— no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09.
